Por un fiscal autónomo

Desde la conformación del sistema político mexicano, las instituciones de justicia se han subordinado al Poder Ejecutivo, contrario a lo que ocurre en democracias consolidadas. Esta situación, sostenida en el tiempo pero atípica, ha llevado al Estado a redimensionar paulatinamente el vínculo entre la impartición de justicia y el poder político. De ahí que desde hace años se busque una reconfiguración legal adecuada para los tiempos que se viven.

En ese contexto y bajo esas condiciones se entiende la renuncia de Raúl Cervantes Andrade a la Procuraduría General de la República (PGR), presentada ayer al Senado de la República. Se trata de un perfil que a lo largo de su desempeño enfrentó severos cuestionamientos de la oposición debido, entre otras cosas, por su parentesco con funcionarios de alto nivel ubicados en cargos estratégicos dentro del Poder Ejecutivo.

Por otra parte, hace tan solo unas semanas el debate público se concentró en la conveniencia de que Raúl Cervantes ocupara en automático la Fiscalía General de la República, institución en la que se convertirá lo que hoy es la PGR. Los partidos de oposición se manifestaron en contra de esta iniciativa al cuestionar la independencia que debe tener el titular de la Fiscalía en el camino a la autonomía del Poder Judicial respecto del Ejecutivo.

La renuncia de Cervantes a la titularidad de la PGR abre una oportunidad para que la elección del fiscal se dé en el marco de la transparencia y de la rendición de cuentas. El Poder Legislativo tiene una tarea relevante en esta materia porque debe elegir al perfil que garantice la autonomía e independencia que la nueva Fiscalía requiere principalmente en su etapa inicial.

Los tiempos son importantes. Podría asumirse que el contexto actual hace factible posponer el nombramiento del nuevo fiscal General de la República, aunque la realidad es que los partidos siempre intentarán influir en este proceso ahora o después de las elecciones. De ahí la importancia de que el nombramiento se dé en los términos más transparentes y de cara a la sociedad civil.

An independent prosecutor general