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Nayarit y Chihuahua: la lenta justicia

A 15 meses de dejar su cargo, se anuncian acciones contra Duarte. En el caso Roberto Sandoval no hay avances, a siete meses de que la PGR atrajo la carpeta de investigación
18/01/2018
02:10
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Nunca como ahora se ha actuado judicialmente contra tantos ex gobernadores señalados por corrupción y desvíos millonarios de recursos. Algunos están a la espera de sentencia, uno pendiente de ser extraditado y al menos dos más están siendo investigados.
 

La gran crítica, sin embargo, es que el inicio de los procesos se haya dado luego de denuncias en medios de comunicación o por presión de grupos sociales o de partidos políticos. La revelación de presuntos malos manejos no fue motivo para investigar a gobernadores durante su gestión.

En el caso emblemático de Javier Duarte, ex gobernador de Veracruz, las sospechas comenzaron casi al arranque de su gestión, en enero de 2012, cuando un integrante de su gobierno fue detenido con 25 millones de pesos en efectivo, continuaron con el retraso del pago de salarios a maestros y demás trabajadores estatales, para concluir con la divulgación de que creó empresas fantasma a las que asignó contratos.

La actuación de la justicia en su contra se dio en el momento en que ya no se encontraba en el país.

Algo similar ocurre con otro Duarte, César, ex gobernador de Chihuahua. En su administración fue ampliamente señalado de hacer mal uso de recursos públicos, pero tuvieron que pasar 15 meses desde que dejó su cargo para que la Procuraduría General de la República anunciara que tiene abiertas 11 causas penales contra el ex mandatario y que se encuentra en la etapa final del procedimiento para formular las solicitudes de extradición. Tiempo más que suficiente para que el ex gobernador, que ya no se encuentra en el país, intente evadir la justicia.

En Nayarit, la situación es parecida. Hace siete meses la PGR atrajo la carpeta de investigación por el presunto enriquecimiento inexplicable del ex gobernador Roberto Sandoval Castañeda, pero hasta ahora no hay avances, a pesar de las pruebas que ha presentado la llamada Comisión de la Verdad, conformada por ciudadanos de esa entidad. En su periodo como gobernador, Sandoval utilizó al Congreso estatal para reformar a modo las leyes y no pudiera ser investigado.

EL UNIVERSAL ha dado cuenta también de los presuntos ilícitos cometidos por el ex gobernador, pero el tiempo transcurre y no hay respuesta de la autoridad.

En la mala actuación de mandatarios locales ha habido complicidad, control y sometimiento de las instituciones locales, tanto del Poder Legislativo como del Judicial. Es en esos momentos cuando se desearía una intervención federal imparcial para conservar el Estado de derecho, y no cuando ya es demasiado tarde.

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