La FEPADE que se requiere

Editorial EL UNIVERSAL

De las piezas que conforman el sistema electoral, la Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos Electorales, debería ser la más conocida por la ciudadanía. Esa instancia es la encargada de recibir las denuncias de presuntos ilícitos que se cometen en las precampañas y campañas, y de ofrecer una rápida respuesta, además de convincente.

En medio del proceso electoral, la Fiscalía pasó casi tres meses sin titular, a pesar de que los tiempos demandan instituciones sólidas operando con todas sus partes. Un acuerdo alcanzado en las últimas horas del periodo ordinario de sesiones en el Congreso permitió sacar adelante la designación. No haberlo hecho ahora habría implicado prácticamente que todo el periodo electoral transcurriera con una FEPADE acéfala, por la radicalización de posiciones que se prevén en el Legislativo conforme se acerque la fecha de los comicios.

El nuevo titular reconoce el desafío que representan las elecciones más grandes de la historia. En entrevista con EL UNIVERSAL, Héctor Marcos Díaz-Santana, prevé que tendrán muchas presiones por la naturaleza de la tarea que realiza la Fiscalía, pero asegura que se diluirán en el momento que se realice un trabajo adecuado.

Al fiscal, efectivamente, no se le pide demasiado. Un trabajo que se apegue de manera inescrupulosa a la ley debe bastar para que su labor sea reconocida como acertada.

En su escritorio encontrará el expediente sobre el polémico caso Odebrecht, cuyos ex funcionarios presos en Brasil aseguraron que dieron sobornos a personal de Petróleos Mexicanos y parte de esos recursos pudieron haber terminado en el proceso electoral de 2012. La conclusión de ese documento adopta un carácter urgente en medio de la credibilidad que exige el actual proceso.

La entrega de tarjetas de débito a electores con la promesa de que depositarán recursos en ese momento o pasadas las elecciones –práctica que ha sido denunciada y sancionada previamente– es otro de los temas que requieren atención por representar un atentado contra el voto en libertad sin condicionamientos ni coacciones.

El 1 de julio el país vivirá una vez más elecciones presidenciales que se prevén complicadas por la polarización política, la alta probabilidad de que al final los resultados se cierren y de que un voto resulte decisivo en el conteo final.

La legitimidad del proceso dependerá de diversos actores, pero de la FEPADE se exige simplemente investigar las acciones que atenten contra el sufragio libre. Una responsabilidad nada menor.

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