Indígenas en riesgo

Editorial EL UNIVERSAL

La política social se ha sustentado en repartir recursos a los más pobres, sin embargo el caso de Chiapas evidencia la necesidad de comprender las dinámicas locales para actuar en consecuencia

A pesar de que sistemáticamente las estructuras del Estado han desdeñado a los indígenas, estos pueblos siguen a la espera de la empatía mínima que permita entenderlos y sumarlos al desarrollo nacional. Si ello no fuera posible, por lo menos los gobiernos deben arbitrar, gestionar y ayudar a resolver los conflictos en los que se amerite. Por donde se vea, no es posible seguir ignorando sus problemáticas más apremiantes.

En uno de los estados más pobres del país, Chiapas, sobreviven grupos étnicos con amplia tradición e historia, entre los que están los tzotziles. La riqueza cultural que aportan a la diversidad mexicana va de la mano, por desgracia, con la incomprensión generalizada hacia sus necesidades. En los municipios de Chalchihuitán y Chenalhó se vive un conflicto territorial de amplias magnitudes que no ha conseguido resolverse, aun cuando han pasado más de 40 años desde que se originó.

La disputa de 800 hectáreas, de las que habitantes de Chenalhó buscan apoderarse por la fuerza, ha provocado el desplazamiento de 4 mil 873 personas. Desde hace más de un mes, los habitantes de nueve comunidades de Chalchihuitán viven en condiciones deplorables ante la amenaza de ser asesinados por los grupos armados del municipio vecino.

Esta realidad lamentable es vigente en nuestro país. El conflicto ha prevalecido en el tiempo, ha visto pasar a gobernadores, presidentes municipales, así como a líderes sociales y religiosos que, por distintas razones, no han logrado finalizarlo. La situación hoy es insostenible para quienes la padecen, y debería ser inaceptable para el resto del país, particularmente para aquellos que tienen la potestad de solventar el problema.

¿Por qué en 40 años no se ha podido resolver este conflicto? Es incomprensible, como lo es también el hecho de que en este momento hay miles de personas cuya situación es precaria en todos los sentidos, pues no solo carecen de los recursos básicos para sobrevivir, sino que sus vidas están en riesgo permanente porque son objetivo de grupos armados. Es una situación que exige respuestas urgentes desde las autoridades locales y federales.

Como origen del conflicto entre estos dos municipios se señala un error añejo del gobierno federal. La política social en nuestro país durante las últimas décadas se ha sustentado en repartir recursos públicos a los grupos sociales más pobres, sin embargo este caso particular evidencia la necesidad de que las instituciones comprendan las dinámicas locales para actuar en consecuencia y según sus atribuciones. La disputa territorial entre Chenalhó y Chalchihuitán puede ser un problema social todavía mayor de no atenderse inmediatamente. No puede pasar más tiempo.

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