Guerrero, ¿la ley de la selva?

Editorial EL UNIVERSAL

La mayoría son agricultores, pescadores, tabiqueros, aunque también los hay ex militares y ex policías. Nacieron —afirman— blandiendo sus armas contra los grupos del narcotráfico, pero a lo largo de los últimos cinco años se han convertido —en voz de pobladores de sus mismas comunidades— en parte del problema de inseguridad, crimen y violencia que dicen combatir y por el que Guerrero, y muchas otras partes de México, no terminan de superar.

Se trata de los grupos de autodefensas de este estado de la República —llámese Policía Comunitaria, Policía Ciudadana, Policía Rural o Guardia Rural—, conformados mayormente por jóvenes de alrededor de 30 años y quienes hoy, desde que en 2012 se organizara el primer movimiento de este tipo, hasta el último de mayo de 2017, afirman brindar protección a nada menos que 64% de los habitantes de este estado costeño.

Un dato de escándalo, sin duda, que refleja el colapso o franco abandono, por parte de las instituciones de seguridad de todos los niveles, en que se encuentra buena parte de esta entidad, una de las más azotadas históricamente por pobreza, marginación y violencia.

Lo que se vive en Guerrero hace mucho que debió encender todas las alarmas tanto en el gobierno estatal como federal. Estas fuerzas, que comenzaron a proliferar hace ya cinco años, y que pugnan por territorio entre sí, dejando muerte y violencia a su paso, en algunos casos también son señaladas de tener nexos con grupos del narcotráfico, y al día de hoy han sustituido en sus funciones, por incapacidad o corrupción, a las fuerzas de seguridad oficiales.

De no hacerse nada, el estado de cosas en Guerrero, ya crítico si nos atenemos a que más de la mitad de la población está bajo dominio de alguno de estos grupos armados, prefigura por tanto una crisis humanitaria y de inseguridad todavía mayor.

Porque lo que presenciamos hoy en Guerrero, en suma, es un escenario de ausencia total, o casi, de Estado de Derecho, y por ende uno también de absoluta indefensión de la población. Tristemente esto es una constatación más de la profunda descomposición institucional y social que padecemos actualmente en todo México.

Escenarios como éste por desgracia no son novedad para los mexicanos. Hace pocos años Michoacán atravesó una crisis relativamente similar, y para darle cause tuvo que intervenir y permanecer, durante meses y al mando, la Federación.

El que surjan grupos de ‘autodefensa’ sólo es consecuencia de una cosa, la incapacidad institucional para brindar seguridad a las personas. Mientras esto permanezca como hasta ahora, seguirá reinando la ley del más fuerte.

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