A escasos tres meses de la jornada electoral más grande que nuestro país haya experimentado, y en un delicado contexto de creciente polarización social y política, todos los factores que de alguna forma pudieran influir en el resultado de esta elección —tanto materiales y humanos como institucionales— se vuelven, justificadamente, objeto de escudriño público.

Es el caso del Instituto Nacional Electoral (INE) y los miembros de su Consejo, y del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) y la actuación de sus magistrados, ambas instancias hoy seriamente cuestionadas en su capacidad para llevar a buen puerto los resultados de esta elección, en particular la de presidente de la República.

Y debido a que la credibilidad de los resultados electorales dependerá del desempeño de estos organismos, es de vital importancia para la salud democrática de México que el mismo se dé en absoluto apego a la ley y con total transparencia.

México posee uno de los sistemas electorales más rigurosos del mundo, por eso es también uno de los más caros. El INE, incluso, ha asesorado a otras naciones en sus procesos electorales. Por ende no es la capacidad técnica del INE y también del TEPJF —de sobra probadas y sustentadas en el respectivo marco legal— lo que despierta suspicacias entre la población, sino el desempeños de sus integrantes ante los embates que con seguridad recibirán por parte de los partidos y contendientes, y de determinados poderes fácticos, desde grandes empresarios hasta el crimen organizado.

La confianza ganada a fines de los noventa con la ciudadanización del entonces IFE, y la transición del año 2000 se fue perdiendo en los años siguientes por la descomposición de la clase política; indicio de ello es que el Latinobarómetro muestra cada vez menor popularidad de la democracia en México.

Es por ello necesario transitar de los controles electorales formales —de los cuales es buen ejemplo la legislación electoral, la propia existencia del INE o la credencial para votar, que hoy, en términos de seguridad y fiabilidad es un documento casi infalsificable— a un sistema de involucramiento mayor y participación plena de la ciudadanía en los procesos políticos.

En este sentido ha quedado claro que para ello los independientes son insuficientes, acaso una de tantas expresiones de participación ciudadana. Es tiempo de una sociedad civil verdaderamente involucrada en generar compromisos medibles de los candidatos, que después sean premiados con el sufragio.

Como en su momento fue la desconfianza de la oposición y la ciudadanía en los procesos electorales lo que permitió que las credenciales para votar fueran teniendo más y más medidas de seguridad, hoy se requiere que la sociedad vaya más allá de sólo ir a votar y exija verdaderas ideas, propuestas y debate.

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