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Corrupción política, el hartazgo

Editorial EL UNIVERSAL

Una simple búsqueda en Google sobre la palabra “corrupción” arroja 21 millones 400 mil resultados en 0.52 segundos. Es una cifra escalofriante porque si uno intenta con “honestidad” aparecen 10 millones 800 mil resultados.

En julio pasado el Inegi dio a conocer que en 2016 las empresas en México tuvieron que pagar mil 600 millones de pesos por actos de corrupción, a autoridades federales, estatales o municipales.

En enero pasado, Transparencia Internacional informó que el país cayó 28 posiciones en el Índice de Percepción de la Corrupción 2016, al obtener una puntuación de 30 en una escala que va de 0 a 100, donde 0 es el país peor evaluado en corrupción y 100 es el mejor. La calificación actual es cinco puntos menor que la de la medición anterior. Peor aún, de entre las 35 economías que integran la OCDE, México se ubica en el último lugar, de acuerdo con esta medición de Transparencia Internacional.

En el sexenio de Miguel de la Madrid (1982-1988) se institucionalizó en México el combate a la corrupción, al crear la Secretaría de la Contraloría de la Federación, hoy Secretaría de la Función Pública. Pero los resultados no han sido siquiera magros, son un auténtico fracaso. En marzo de 2015 EL UNIVERSAL documentó que, entre el 1 de diciembre de 2006 y el 30 de septiembre de 2014, la SFP recuperó 53 millones de pesos por concepto de multas a empresas o personas morales por actos corruptos, lo cual representaba apenas 7.3% de las sanciones impuestas en ese periodo.

Una revisión de la Auditoría Superior de la Federación al trabajo de la SFP en 2011 detectó que la dependencia no argumenta bien en tribunales, dejan pasar meses o años para presentar pruebas contra presuntos corruptos o incurrían en fallas que llevaban a los responsables a ganar en tribunales. En este contexto es que cada día no cesan los casos de políticos corruptos.

Las investigaciones por corrupción en Brasil de Odebrecht salpican al ex director de Pemex, Emilio Lozoya; ahí están el socavón del Paso Exprés en Cuernavaca o los señalamientos a las constructoras OHL e Higa. Ex gobernadores del PAN, como Guillermo Padrés, o del PRI, como Javier Duarte y Roberto Borge, están en prisión por presuntos actos corruptos. En el PRD los videoescándalos aún pesan, así como señalamientos a ex alcaldes vinculados al crimen organizado, como José Luis Abarca. Eva Cadena, de Morena, fue desaforada como diputada por recibir dinero de forma presuntamente ilegal, y al presidente del PAN, Ricardo Anaya, este periódico le ha documentado un súbito crecimiento en bienes junto a su familia política. El actual gobernador de Nayarit, Roberto Sandoval, es investigado por la PGR por presunto enriquecimiento ilícito. Sin olvidar a Hilario Ramírez, Layín, quien como candidato a alcalde en Nayarit dijo que robaba, “pero poquito”. Y la lista puede ser interminable.

La corrupción se democratizó en los partidos políticos. Poco se ha hecho para frenarla. México está harto de la corrupción.

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