CDMX: por una política integral de agua

Desde su creación, la Ciudad de México ha tenido una relación más que compleja con el agua. Por las características geográficas del valle donde está asentada esta gran urbe y el historial de explotación, el agua siempre ha sido motivo de preocupación, ya sea por su abundancia a través de las precipitaciones, que año con año provoca inundaciones, como por su escasez, que pone en jaque a los habitantes y al funcionamiento mismo de la Ciudad.

Pese a la enorme vulnerabilidad que supone para la Ciudad de México esta ‘circunstancia histórica’, que incluso hoy pone en duda la viabilidad futura de la capital de la República de seguir las cosas como hasta ahora, los sucesivos gobiernos federales y capitalinos poco han hecho para que la Ciudad posea una política integral —que debiera ser en realidad a escala nacional— que gestione eficientemente el agua y garantice su abastecimiento, a la vez que inculque en la ciudadanía la cultura de cuidado de este recurso y al mismo tiempo se desarrolle e implemente infraestructura urbana que genere un mejor aprovechamiento del recurso.

Pero no sólo los gobiernos han sido irresponsables e indiferentes: la sociedad brilla por su ausencia salvo cuando, cada año, se limita a quejarse porque el líquido hace falta.

Y es así que hoy la Ciudad de México, por segunda vez en este año, se encuentra en contingencia por falta de suministro en agua, que afecta a 900 mil capitalinos y podría tener un costo de hasta 40 millones de pesos.

Sin importar los argumentos que como es usual alegan las autoridades para explicar la contingencia —presuntamente la reciente onda cálida que provocó falta de lluvia y una mayor demanda de agua—, queda claro que su política de paliación ante estas crisis es insuficiente y además degradante para las familias, que deben solicitar y pagar por un servicio de primera necesidad de manera extraordianaria, pese a ser un derecho.

El derecho humano al agua fue reconocido en la Constitución, en febrero de 2012, y derivado de ello se ordenó la creación de una Ley General de Aguas, que hasta hoy no cuenta con leyes secundarias y que por cierto ha sido acusada de privatizadora.

En mayo pasado Leo Heller, relator especial de la ONU sobre el derecho al agua potable, tras su visita a México concluyó que en nuestro país existe un acceso inequitativo al agua, afirmación que hoy queda más que evidenciada.

La Ciudad de México, una de las más grandes del mundo, en coordinación con la Federación, tiene el enorme pendiente de desarrollar una política integral de agua que termine con el desabasto, optimice su uso, genere conciencia entre la ciudadanía y sea ejemplo de reciclaje. El momento actual es más que propicio.