Cataluña y la torpeza política

Editorial EL UNIVERSAL

En pleno siglo XXI pareciera anacrónico hablar de independencias. No obstante, lo visto ayer en Cataluña, España, es prueba viviente de que estos debates continúan vigentes en muchas naciones, en la mayoría de los casos sin gran justificación práctica, y más como resultado de la insatisfacción de ciertos grupos con el sistema imperante, de pugnas políticas o de nacionalismos añejos.

Porque para el caso catalán, ¿qué sentido tiene, más allá de ideologías políticas, conciencia histórica y sentido de pertenencia a un pueblo y a un territorio —ninguno de éstos peleado con la actual forma de organización política que venían teniendo España y Cataluña— pretender, en un Estado de Derecho pleno como el español, independizarse, yendo directamente contra la lógica global de interdependencia con la que hoy funciona España, la Unión Europa y el mundo entero?

Pues bien, a pesar de todo esto, ayer, tras varias semanas de crisis desde el referéndum sobre la independencia catalana, en el que ganó el SÍ, pero que contó solamente con la participación de 43% de la población local —y considerado como ilegal por Madrid—, el parlamento de Cataluña declaró, formal y unilateralmente, la independencia de esta región autonómica del país ibérico.

Pero además, la manera de hacerlo: ante el temor a una pena de cárcel que podría ascender a los 30 años, Carles Puigdemont, líder catalán, evitó proclamar la independencia él mismo y en su lugar cedió el testigo al Parlamento regional, cuyos integrantes a su vez quisieron minimizar la posibilidad de represalias legales y decidieron que el voto fuese secreto.

En respuesta, el Senado español, a través del artículo 155 de la Constitución española, autorizó al gobierno central de Mariano Rajoy intervenir en Cataluña, suspendiendo todos los elementos de su autogobierno necesarios para restaurar la legalidad. Con esta potestad el presidente anunció la destitución de Puigdemont y todos sus consejeros. Asimismo, convocó a elecciones para la región el 21 de diciembre.

“Responderemos a unas decisiones que pretenden imponer un secuestro inadmisible a los catalanes y el hurto de una parte de su territorio al conjunto de los españoles”, expresó el presidente español.

Esta crisis constitucional, la más grande de la historia moderna de España, viene de larga data, pero lo visto ayer es resultado, en buena medida, de un torpe manejo de la situación y de diversas intransigencias por parte del gobierno central.

A reserva de lo que venga, los propios independentistas en el fondo saben de la inviabilidad de su proyecto, pues no lograrán el reconocimiento internacional, por lo que el proyecto de un país propio parece condenado a una vida breve.

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