Termina este 2017 y 12 periodistas han sido asesinados durante el año en nuestro país. El último de ellos fue Gumaro Pérez Aguilando, reportero del portal de noticias La Voz del Sur, quien recibió nueve balazos cuando acudía al festival de fin de año en la escuela primaria de su hijo. Los hechos ocurrieron en el municipio de Acayucan, en Veracruz, el estado más peligroso para el ejercicio del periodismo en México.

La situación para este gremio en el territorio nacional es alarmante: de acuerdo con la organización Reporteros Sin Fronteras, tan sólo en 2017 murieron la misma cantidad de periodistas que en Siria, país que enfrenta una guerra civil desde 2011. Es decir, que en promedio una vez al mes se conoce el caso de algún periodista que pierde la vida de forma violenta. Es una realidad escalofriante.

¿Qué tiene que pasar en México para que se asuma desde las instituciones, desde los gobiernos, que la situación actual del periodismo es crítica? A pesar de la alternancia política que ha vivido Veracruz, ¿por qué las autoridades demuestran repetidamente su incapacidad para garantizar el pleno ejercicio del periodismo en la entidad?

Desde hace tiempo, Veracruz es reconocido como el estado más amenazante para los periodistas. La reacción de las autoridades ha sido, por lo menos, desafortunada. Ante el asesinato de Gumaro Pérez, el gobierno lo criminalizó sin presentar pruebas. Se trata de una reacción orientada a proteger la reputación oficial, pero que va en contra de toda justicia para la memoria de la víctima.

Es momento de reconocer que los esfuerzos institucionales, federales y locales, orientados a la protección a periodistas han sido insuficientes. Por ello, no caben el desdén a esta realidad ni bastan las muestras públicas de solidaridad con el gremio. Se requiere actuar contundentemente para revertir esta situación.

Los gobiernos están obligados a desterrar a las redes de corrupción incrustadas en las instituciones públicas que solapan el atropello a los derechos más básicos de los periodistas. Del mismo modo, deben usar la fuerza de forma legítima contra quienes buscan atentar, o consumaron sus ataques, contra aquellos que forman parte de los medios de comunicación. Las víctimas y sus familias merecen justicia, así como el periodismo debe ser protegido desde las instituciones, por la sociedad.

¿Por qué se quiere silenciar al periodismo? Porque a este gremio le toca desvelar aquello que pone en riesgo al pacto social, a la justicia. A pesar de las circunstancias actuales, del desprecio de los gobiernos y la hostilidad cotidiana de los delincuentes, el deber de los medios de comunicación es ser baluarte de la rendición de cuentas en una democracia que busca consolidarse. Ninguna fuerza, por grande que sea, podrá acabar con la grandeza de esta misión.

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