Autonomía presupuestal pendiente

A menos de tres meses de la jornada electoral de este 2018, el instituto electoral y el Tribunal Electoral del Estado de Morelos (TEEM) se declararon en crisis financiera para organizar la jornada electoral del próximo primero de julio y atender los conflictos postelectorales, respectivamente, al considerar que el presupuesto asignado por el Ejecutivo del estado es insuficiente.

En Morelos, donde la votación será amplia pues además de las elecciones federales se elegirá gobernador, alcaldes y diputados locales, el Instituto Morelense de Procesos Electorales y Participación Ciudadana (Impepac) “carece de liquidez para la contratación de capacitadores, asistentes electorales, instalación y operación de los 33 consejos municipales, entre otras necesidades”, asegura su presidenta, Ana Isabel León Trueba, quien señala que a pesar de que a finales del 2017 se pidió una ampliación presupuestal de 176 millones de pesos, el Ejecutivo sólo ha entregado 11 millones y medio.

Por su parte, los magistrados del TEEM mantienen, también desde diciembre pasado, una petición de ampliación de recursos por 17 millones de pesos, pero el Congreso de Morelos sólo le ofrece 7 millones.

En respuesta, tardíamente, el gobierno de la entidad emitió un comunicado en el que señala que una comisión de la Secretaría de Hacienda, diputados y representantes de partidos políticos analizan el tema de la ampliación presupuestal. Esto a menos de 90 días de los comicios. El gobierno estatal además señaló que dicha mesa “es el espacio plural, democrático e institucional para que manifiesten sus inquietudes y aportaciones para fortalecer el análisis para la modificación del presupuesto para reasignar recursos a los órganos electorales”.

Es desde luego positivo que haya apertura a la negociación por parte del Legislativo y el Ejecutivo de Morelos, pero no se entiende la razón de que suceda hasta ahora, cuando las campañas federales han comenzado y deberían estar listos todos los recursos, materiales y humanos, para sacar adelante el proceso.

Un asunto que subyace a todo esto es la falta de autonomía presupuestal que como resultado de la última reforma electoral siguen padeciendo los OPLEs, entidades cuya autonomía constitucional se desvanece al depender económicamente de los gobiernos locales y al verse frecuentemente supeditados a sus dictados, de lo que a su vez pueden derivarse irregularidades, chantajes o tratos por debajo de la mesa, a cambio del dinero.

Como se intentó sin éxito con la reforma centralizadora de 2014, en la legislación electoral mexicana sin duda siguen pendientes cambios encaminados a acabar con toda injerencia de los gobiernos locales y federal en los procesos electorales, así como, evidentemente, a la necesaria reducción de los costos de nuestros comicios.