Atajar uso político de recursos sociales

Editorial EL UNIVERSAL

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El uso de programas sociales con fines electorales es un problema pendiente de erradicarse, pues hoy todavía es práctica común entre todas las fuerzas políticas de nuestro país el que, violando la ley, se sirvan de las posiciones de poder de que disponen y de los recursos que éstas les proveen, para hacer política electoral desde los despachos de gobierno.

El asunto no es menor si observamos el simple hecho de que este uso electoral de determinados programas sociales u otros recursos —que llega incluso al condicionamiento de dichos apoyos— va en dirección opuesta a los objetivos de esos programas, pero no sólo eso, sino que, además y sobre todo, este uso indebido sí llega a influir fuertemente a la ciudadanía en su intención de voto.

En este sentido es interesante la estrategia que se anunció se estará implementando en la capital de la República en el presente proceso electoral, desde la Contraloría de la Ciudad de México en colaboración con la FEPADE y la procuraduría capitalina, así como otras instancias federales y locales, para evitar desvíos de recursos hacia campañas electorales.

La apuesta es loable si consideramos que en la Ciudad de México los programas sociales del gobierno capitalino y las delegaciones suman más de 20 mil millones de pesos para este 2018, además de los 726 millones de pesos de las acciones institucionales de las demarcaciones.

Según el contralor capitalino Eduardo Rovelo, el plan consiste básicamente en dar atención y más pronto a las quejas ciudadanas, en una plataforma habilitada para tal fin, y así evitar la sensación de que los actos que se denuncian quedan impunes. Aunque no en todos los casos habría sanciones, todas las quejas, se anunció, se atenderán. Además, la Contraloría toma previsiones de conducción, medidas disuasivas y de prevención para que los servidores no caigan en tentación y no se les haga fácil violar la norma. A la fecha, la Contraloría capitalina ha recibido 39 denuncias por el uso indebido de programas sociales con fin electoral, de las cuales ya radicó 33 expedientes.

Y pese a que como acepta su titular, la Contraloría, estrictamente, no tienen atribuciones en cuestiones electorales, sí las posee para salvaguardar el debido uso de los recursos públicos, y sí para cuidar la actuación de los funcionarios para ver que se cuide el recurso público y se destine para lo que originalmente fue presupuestado y que no se desvíe y si hay un acto irregular conocerlo, investigarlo y, de ser el caso, sancionarlo.

Sin embargo, con todo y lo positivo que este ejercicio pueda resultar —ya se verá—, por la importancia del proceso electoral en marcha, tanto a nivel local como federal, debe evitarse la politización de las quejas, y ejercerse con absoluta imparcialidad el procesamiento de las mismas, de lo contrario se estaría yendo en dirección diametralmente opuesta a lo anunciado.

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