El 1 de julio los votantes decidieron otorgar una apabullante mayoría a Morena, adjudicándole la Presidencia de la República y el control del Congreso de la Unión. En ese momento muchas interrogantes comenzaron a surgir en torno a si el país presenciaría un avasallamiento de un partido sobre los demás, en combinación con una sumisión del Legislativo al Ejecutivo.

Hubo quienes mencionaron que este escenario sería bastante cercano a la época superada de partido único todopoderoso supeditado a los deseos del mandatario.

Hubo también quienes destacaron que la situación es de lo más normal en las democracias, pues en cada elección el candidato ganador aspira a tener el respaldo legislativo para sacar adelante de manera fácil las propuestas de gobierno.

En México, desde finales del siglo pasado los puntos de vista encontrados entre el jefe del Ejecutivo y el Congreso generaron largos periodos de parálisis legislativa y de rechazo a toda iniciativa presidencial, en perjuicio del desarrollo nacional.

Sería totalmente normal que la mayoría legislativa en el Senado y en la Cámara de Diputados aprobara las iniciativas que plantee el próximo gobierno. Lo que no tendría que presentarse es que el aval se diera sin cuestionamientos de las propias huestes del presidente. En el Congreso el debate y confrontación de puntos de vista distintos son la base de su actividad diaria. El acatamiento dócil enterraría la razón de ser de la vida legislativa.

El coordinador de Morena en el Senado, Ricardo Monreal, asegura en entrevista que no serán una oficialía de partes, que están dispuestos a mejorar, perfeccionar o incluso negar las propuestas de ley que les haga llegar el Ejecutivo federal.

El país no tiene por qué volver a etapas en las cuales la voluntad presidencial no era objetada, sino simplemente aceptada. Como sociedad democrática que busca consolidarse, México ha creado contrapesos para el ejercicio de gobierno y el Poder Legislativo debe ser uno de ellos.

En la actualidad la prevalencia del diálogo y libertad de expresión son una práctica cotidiana: ninguna ideología o punto de vista se rechaza y ninguna se impone de manera automática.

Las promesas de autonomía que hoy hace el Legislativo podrán confirmarse en el futuro cercano... o caerán por sí solas si los hechos demuestran lo contrario.

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