Contra las redes de corrupción

Editorial EL UNIVERSAL

Las redes de corrupción son aquellas que se encuentran detrás de cualquier mal uso de recursos de amplias magnitudes. Es decir, no solo existe una cabeza visible a la que usualmente se señala y castiga ante un escándalo de corrupción, sino un complejo entramado de cómplices que facilitan estas prácticas al interior de una organización gubernamental.

En los hechos de corrupción que se han conocido en el país en los últimos meses, y que tienen que ver con las gestiones de distintos ex gobernadores, las autoridades procedieron contra los perfiles de mayor visibilidad. No obstante, para llevarse a cabo la corrupción, para ejecutar desvíos e irregularidades del erario, siempre es necesaria la participación de funcionarios de segunda línea contra los que generalmente no se actúa.

Al respecto, hoy EL UNIVERSAL presenta información que revela que en los delitos por los que está acusado Roberto Borge, ex gobernador de Quintana Roo, hay por lo menos 17 ex funcionarios involucrados. Como Javier Duarte, en Veracruz, o Guillermo Padrés, en Sonora, por poner solo unos ejemplos, Borge no actuó solo cuando dañó al erario y al patrimonio del estado que gobernó.

Actuar penalmente contra los ex mandatarios que defraudaron a sus estados es solo el primer paso para acotar la corrupción que impusieron como estilo de gobierno. Enseguida, es necesario deshacer la madeja de funcionarios que cooperaron para que los delitos se llevaran a cabo. Las redes de corrupción que conforman, y que normalmente llegan también hasta la iniciativa privada, deben cortarse en sus nodos para evitar más deterioros al patrimonio que administran.

Está claro que ni los Duarte, Padrés o Borge actuaron por su cuenta. Un gran desvío o fraude no los hace solo una persona. Para consumar un acto de estas características es necesario el apoyo del entramado gubernamental, de funcionarios clave que se presten a ello. De ahí la importancia de alumbrar las redes de corrupción, no solo para que sean visibles a la opinión pública, sino para que se evite su supervivencia al interior de las burocracias.

Acabar con las redes de corrupción implica comprender que el fenómeno va más allá de encarcelar a un político de alto nivel. Nuestro debate público requiere hablar con claridad sobre la corrupción y sus efectos económicos, sociales e institucionales. Se necesita tener claro hasta dónde daña este fenómeno al desarrollo nacional, así como un pacto social que aísle a la corrupción y a sus representantes.

El combate a la corrupción en el ejercicio de responsabilidades públicas no es solo perseguir los delitos de quien dirige un gobierno, sino el comportamiento ilegal de la estructura que le auxilia. Desde esa lógica se neutraliza la corrupción.

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