Rosario Robles ante el Congreso

No es producto de la ingenuidad que los secretarios de despacho vengan confundiendo la responsabilidad “penal” con la responsabilidad “política” desde tiempos del Presidente Fox. Les conviene para no renunciar sus cargos por yerros graves o abusos de poder. La responsabilidad penal consume años en ser probada en juicio ante el Poder Judicial, mientras que la política -que procesa el Congreso en procedimiento expedito de interpelación- es inmediata y conduce a la pérdida de cargo y fuero. Robles hizo bien al ir a la PGR y solicitar se investiguen los desvíos observados por la ASF y se apliquen las responsabilidades penales que procedan contra sus subordinados (ella tiene fuero). Pero aún le falta ir al Congreso para explicar y justificar dos cosas: la política de contratación pública de la SEDATU y, por qué no se percató que los funcionarios que ella designó como ejecutores del gasto habían desviado tal cantidad de fondos públicos. Si logra justificar ambas cosas ante los diputados y senadores, y ante los ciudadanos, entonces se puede quedar en su cargo. Pero si no les convence, debe irse a su casa por lealtad al Presidente Peña Nieto y por imperativo democrático.

En las democracias maduras, presidenciales y parlamentarias, los secretarios se rigen por un estatuto. En éste se indica que ante un fallo grave en su dependencia, se espera que el secretario responsable renuncie voluntariamente al cargo o sea cesado por el jefe de gobierno. Es la sanción por responsabilidad política. En democracia la delegación periódica del poder de los gobernados en los gobernantes está sujeta a condiciones, siendo una muy elemental que hagan bien su trabajo o de lo contrario que renuncien o sean cesados.

Como Robles viene argumentando en su defensa, puede ser que no haya cometido ningún delito. No obstante, debe dimitir inmediatamente si funcionarios jerárquicamente subordinados a ella –que ella designó- desviaron recursos públicos. Ello probaría negligencia inexcusable de Robles en cuanto a la inteligencia de la selección de su personal y en cuanto al deber de vigilar constantemente la recta aplicación de los recursos públicos en la secretaría a su cargo.

Los secretarios son políticamente responsables de los actos que personalmente generan en su secretaría. Un ejemplo fue la renuncia de Luis Videgaray por la idea de invitar a Trump a México. Pero los secretarios también son responsables de la buena gestión de su dependencia, lo que necesariamente implica que son responsables políticos de los actos u omisiones de sus subordinados que causen daño al interés general. Esto diferencia la responsabilidad política con respecto a la responsabilidad penal, donde la acción causal es siempre personal.

Las democracias presidenciales establecen diversos incentivos dirigidos a los presidentes. Entre estos incentivos se cuenta la expectativa de la retirada de la confianza ciudadana en la siguiente jornada electoral o su ratificación. Por ello, si el Presidente Peña decide sostener en su cargo a la secretaria Robles, su decisión se traducirá en votos de castigo para los candidatos de su partido en la elección de julio y particularmente para José Antonio Meade. Esta es la ineludible lógica de la democracia representativa de tipo presidencial. En cada elección los ciudadanos premian o castigan. Como en México afortunadamente no existe la reelección del Presidente, el premio o castigo se traslada a su partido político.