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Por primera vez en la historia del Banco de México (Banxico), los responsables de la política monetaria en el país entregaron su declaración de intereses como un paso más hacia la transparencia y rendición de cuentas.

Sin embargo, ninguno de los cinco miembros de la junta de Gobierno la hizo pública.

En el caso del gobernador del banco central, Agustín Carstens y el subgobernador Roberto del Cueto, habían presentado una inicial como miembros del Consejo técnico del Fondo Mexicano del Petróleo para la Estabilización y Desarrollo (FMP) e incluso este año la actualizaron.

Pero el resto de los integrantes de la junta del instituto, es decir, Manuel Sánchez González, Javier Guzmán Calafell y Manuel Ramos Francia, tenían que haber dado su autorización para publicarla en el portal del Banco de México.

Guillermo Ávila, investigador de Fundar y especialista en temas de declaración de intereses, comentó que permitir que todo el mundo conozca este documento es un complemento para vigilar la función pública, independientemente de que se trate de un órgano autónomo, como lo es el banco central.

El especialista refirió que este año inició la obligación para todos los funcionarios para hacer su declaración de intereses o conflicto de interés, en la cual se tiene que revelar todas las relaciones que tienen como particulares que puedan o no afectar su desempeño en el sector público.

Es decir, si tienen adeudos, consejos de administración de empresas en los que participan, organizaciones filantrópicas a las que pertenecen, todo el historial tanto en el sector público como en el privado.

No obstante, hasta este momento toda la publicidad sobre ese tema no es una obligación, es optativo y de manera voluntaria, señala.

Esta medida aplica para funcionarios y para organismos autónomos, recordó Guillermo Ávila, al mencionar que de haberse aprobado la ley 3de3 en la reforma Anticorrupción sería obligatorio para todos los servidores, incluyendo a los de organismos autónomos como en el Banco de México, hacerla pública.

Inegi también. Para el vicepresidente del comité de estudios económicos del Instituto Mexicano de Ejecutivos de Finanzas (IMEF), Jonathan Heath, el tema de la revelación cobra más relevancia para un organismo autónomo como el banco central e incluso para el caso del Inegi, y más cuando trata de un funcionario con un puesto de mucha responsabilidad.

“Si es autónomo, con mayor razón. ¿Qué pasa si de repente un miembro de la junta de Gobierno tiene un enriquecimiento que no se puede explicar?”, advirtió Heath y por eso, afirmó, es sano y deseable.

“No veo por qué no quieran hacerlo, entonces nos preguntaríamos: ¿Quieren esconder algo? No especialmente por ser el banco central sino para cualquier puesto con cierto poder de decisiones que depende de las arcas públicas, debería de recaer la responsabilidad”, matizó.

Las reglas. De acuerdo con las reglas para la presentación de declaración de intereses de los servidores públicos del Banco de México, en el documento que se entregó a la dirección de Control Interno del Banxico se registraron los puestos, cargos, comisiones, actividades o poderes que desempeñan dentro de órganos directivos o de gobierno en personas morales con fines de lucro, o bien, en asociaciones, sociedades, consejos, sindicatos, actividades filantrópicas o de consultoría; sea que el declarante reciba o no remuneración.

Los responsables de la política monetaria informaron sobre sus participaciones económicas o financieras, así como aquellos convenios, contratos, compromisos o acuerdos con un valor económico presente o futuro que el declarante tenga con personas físicas o morales, que pueden ser susceptibles de un conflicto de intereses y que no puedan ser incluidos en alguna de las secciones ni como parte de la declaración patrimonial.

Los funcionarios están obligados a informar los hechos de los cuales tenga conocimiento, relativos a su cónyuge, concubina o concubinario y dependientes económicos, con la misma temporalidad indicada.

No se reporta en la declaración de intereses, los cargos ex oficio, es decir, las actividades públicas que la persona de que se trate desempeñe o hubiese desempeñado por disposición legal o reglamentaria, con motivo de su empleo cargo o comisión o, en general, en representación del Banco de México, así como todos los actos jurídicos realizados con motivo de tales funciones.

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