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Tres activistas en favor del incremento al impuesto en bebidas azucaradas aseguran que fueron objeto de espionaje, por lo que interpondrán una denuncia penal ante la Procuraduría General de la República (PGR) y la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH).

“En los próximos días presentaremos una denuncia penal ante la Procuraduría General de la República así como una queja ante la Comisión Nacional de Derechos Humanos y seguiremos explorando vías para impedir que el caso quede en la impunidad”, señaló Luis Fernando García, representante de la Red de Defensa de los Derechos Digitales (R3D).

Luis Fernando García explicó que entre el 8 de julio y el 17 de agosto de 2016 se reportaron 12 mensajes de texto enviados a los activistas Simón Barquera, investigador del Instituto Nacional de Salud Pública; Alejandro Calvillo, director de El Poder del Consumidor y Luis Encarnación, coordinador de la Coalición ContraPESO.

Las tres víctimas recibieron ataques en fechas en las realizaban activismo en la promoción del impuesto a las bebidas azucaradas, precisó García.

Dichos mensajes de texto fueron enviados a sus teléfonos móviles con un malware (Pegasus), el cual permite el acceso a la información que tiene el dispositivo.

“Resulta indispensable y urgente la apertura de una investigación seria e imparcial que permita identificar y sancionar a los responsables de la vigilancia ilegal documentada”, subrayó García.

El representante de R3D subrayó que el malware sólo puede ser adquirido por gobiernos y en los últimos años fue comprado por la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena), la Procuraduría General de la República (PGR) y el Centro de Investigación y Seguridad Nacional (Cisen).

Aunque se presume que la PGR adquirió dicho software de NSO Group, el representante de R3D dijo que interpondrán la denuncia ante la Procuraduría para darle la oportunidad de realizar la investigación, pero si no lo hace, la organización usará otras vías nacionales e internacionales.

“Ciertamente es paradójico y complicado que vamos a denunciar ante la PGR una violación a derechos humanos en la que probablemente uno de los sospechosos es la propia PGR, pero lo que se ha documentado es que quien fue el principal gestor de la compra en la PGR de NSO Group fue Tomás Cerón y él ya no está en la PGR”, mencionó.

Por su parte, Alejandro Calvillo, presidente de El Poder del Consumidor, aseguró que desde hace tres años detectó irregularidades en materia de seguridad digital.

“En México defender el derecho a la salud se ha vuelto un peligro, promover políticas contra la obesidad y la diabetes no sólo significa enfrentar los poderes económicos de la gran industria refresquera y de comida chatarra, también significa enfrentar a sus aliados en el gobierno”, subrayó Alejandro Calvillo.

Agregó que las empresas refresqueras están trabajando de manera “perversa”, pues fomentan enfermedades como la diabetes.

Condena los hechos. El Consejo Mexicano de la Industria de Productos de Consumo (ConMéxico), quien representa a empresas como Coca-Cola, PepsiCo, Jugos del Valle, Santa Clara y Jumex, entre otras, rechazó de manera categórica el uso de espionaje contra los activistas promotores del impuesto a los refrescos.

“ConMéxico se solidariza con cualquier ciudadano e institución que haya sido afectada por prácticas ilegales o carentes de ética y los conminamos a hacer uso de los mecanismos que el sistema jurídico mexicano provee para su defensa”, indicó el organismo en su posicionamiento compartido a EL UNIVERSAL.

Asimismo, consideró que las acciones legales de los activistas beneficiarán la libertad de expresión, así como del derecho legítimo de pugnar por sus ideas.

“ConMéxico es una asociación absolutamente comprometida con el Estado de derecho, los más estrictos códigos de comportamiento ético, así como el siempre anteponer la información veraz y la evidencia científica en la defensa de sus legítimos intereses y cumplimiento de sus responsabilidades”, mencionó el consejo. Con información de Miguel Pallares

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