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La (descongelada) Ley de Remuneraciones y la incertidumbre

12/10/2018
02:04
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Mi correo electrónico y mis redes sociales se han llenado de inquietudes personales y alguna que otra grosería. Las primeras están desprovistas de contenido político o ideológico. Hay una preocupación real de servidores públicos que han trabajado para una entidad estatal más de veinticinco años, tienen más de cuarenta y cinco de edad y no saben que va a pasar el primero de diciembre. Las majaderías provienen de personas enojadas consigo mismas y, por lo tanto, con todos, que su odio por los demás no los deja ver más allá de sus narices.

Los políticos juegan al humor del colectivo. El Presidente Calderón, en un arranque de frustración, ante lo evidente, que hay malos servidores públicos y algunos abusivos, decidió promover la reforma del artículo 127 que topaba los salarios del sector público al propio, sin analizar que la mayoría son personas que viven de su esfuerzo con honestidad. Seguramente, una mayor reflexión del tema fue lo que provocó que la Ley de Remuneraciones se fuera a la congeladora legislativa siete años.

Una nueva oleada de "hartazgo", que convirtió a la figura del servidor público en la bruja del cuento o en el malo de la película, provocó que la reducción salarial de los "burócratas" sea el objetivo más importante del gobierno entrante. Nadie se va a oponer a ese deseo de las mayorías en forma violenta. No tiene sentido salir a las calles a manifestarse o salir encapuchados a destruir propiedad pública o privada. Ambos tipos de actos son contrarios al compromiso vital de un servidor público.

El sentimiento colectivo es de incertidumbre y desazón, incluso entre los simpatizantes del nuevo gobierno, que ya no encuentran las palabras para justificar y justificarse lo que están padeciendo. Quienes todavía creen que vaya en serio la batida contra los servidores públicos, van a esperar a la toma de posesión y, en su caso, tolerar la inminente reducción de las prestaciones. Los agentes de seguros están haciendo su lucha para pescarlos como clientes individuales, con una prima mayor a la negociada colectivamente a través de las dependencias y entidades. Más costo, condiciones más desventajosas para el trabajador. Quienes no tengan para cubrir la prima, perderán su antigüedad y la ganadora será la aseguradora que disminuirá el riesgo asumido con el abandono de trabajadores mayores de cuarenta y cinco años y una probable oportunidad para el retiro de utilidades de una reserva excedida.

Quienes creyeron en la estrategia de profesionalización del servicio público y apostaron a la capacitación permanente y especialización, ven venir con desilusión el regreso del sistema de despojos (spoil system) en el que el ganador se queda con todos los puestos y los reparte entre sus allegados y colaboradores en las campañas políticas. Tienen la esperanza que su conocimiento sea un factor de permanencia y sea apreciado, a sabiendas, que si no tienen la edad y tiempo de jubilación deberán, en su caso, aceptar la reducción por lo menos de prestaciones y tal vez de compensaciones o aguinaldo.

Quienes pueden retirarse están en la disyuntiva de pensionarse con un salario mayor al que posiblemente tengan el año entrante, que se augura menor. Muchos ya iniciaron sus trámites pre-jubilatorios ante la incertidumbre, con la expectativa de contratarse por honorarios en el futuro en la entidad o dependencia que supone que necesitará de su experiencia y especialización laboral.

Quienes no tienen más patrimonio que su trabajo y una reducción en sueldos o prestaciones no les conviene o el ingreso disminuido no les alcance para pagar sus compromisos, emigrarán al sector privado o a la academia. Aquí hay que hacer un paréntesis: en su inmensa mayoría los servidores públicos tienen su ingreso comprometido en préstamos hipotecarios o de mediano plazo, colegiaturas, pensiones alimenticias, rentas u otros gastos difícilmente definibles como suntuarios. Muchos están haciendo cuentas para calcular qué pueden hacer con el patrimonio ahorrado en sus años de trabajo como individuos o familia y decidir un proyecto de vida. También, suman una posible liquidación por renuncia conforme a sus contratos colectivos o condiciones generales de trabajo.

En síntesis, la mayoría de las pláticas en las oficinas públicas en los tiempos de descanso o comidas giran en torno a esta legítima preocupación. Muchos acuden al consejo de los amigos, otros a la asesoría de profesionales y algunos buscan soluciones en el buzón electrónico de un profesor metido a columnista de temas áridos como la gestión y el derecho público, con experiencia en el servicio público. La irracionalidad llama a estas inquietudes “defensa de privilegios”, los fanáticos de un cambio ilusorio nos califican de opositores al pueblo bueno y sabio y los radicales nos consideran un estorbo en sus afanes de destruir todo desde los cimientos. Espero que la Ley de Remuneraciones no sea un instrumento de un justiciero ciego o un Torquemada post-moderno.

Miembro Electo del Sistema Nacional de Investigadores Nivel I
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Profesor de Posgrado de la Facultad de Derecho de la Universidad Anáhuac del Norte

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