Chicago, Illinois.— El sistema migratorio de Estados Unidos no funciona, es arcaico, injusto y no responde a las necesidades de la nación. Esta premisa es compartida por republicanos y demócratas, aunque cada bando prefiere soluciones diametralmente distintas.

Dentro de los 11 millones de indocumentados se encuentran los “soñadores”, jóvenes que fueron traídos por sus padres sin documentos y que violaron las reglas migratorias sin culpa alguna. Les llaman “soñadores” por el acrónimo en inglés de la iniciativa de ley que desde el 2001 ha tratado de regularizar su estatus. La iniciativa DREAM Act se ha presentado varias veces en el Congreso de EU y ha fallado en cada intento.

La presidencia liberal de Barack Obama enfrentó muchas críticas por no ayudar a estos jóvenes. El presidente se defendía diciendo que “no era rey para legislar desde el Ejecutivo”. Ante el fracaso de una reforma migratoria en su gobierno, el “no-rey Obama” lanzó en 2012 una serie de órdenes ejecutivas —justo antes de anunciar su campaña de reelección— que dieron beneficios a ciertos inmigrantes, los soñadores entre ellos.

¿Quiénes son los soñadores? Son jóvenes que a pesar de ser extranjeros conocen como única patria Estados Unidos. Hablan inglés pues aquí se criaron, asistieron a la universidad, sirven en las fuerzas armadas y han pasado el escrutinio de revisar sus antecedentes penales.

Desde hace cinco años, 800 mil jóvenes se acogieron al programa que les permite vivir y trabajar legalmente. Por primera vez en sus vidas probaron las mieles de los beneficios que un residente legal o ciudadano damos por hecho.

A cambio se les pidió dar sus nombres y direcciones y entrar en una base de datos del gobierno. Los chicos desesperados por solucionar su exclusión corrieron el riesgo en busca de la normalidad en este país.

Entonces llegó Donald Trump. Este martes su administración anunció la cancelación del programa que los protege. El vocero fue el fiscal general, Jeff Sessions —a falta de pantalones del presidente para dar la cara—. Sessions justificó la decisión con argumentos legales. Esencialmente, que las órdenes ejecutivas de Obama son inconstitucionales.

Puede que el fiscal tenga razón. Obama excedió su autoridad constitucional al otorgar beneficios migratorios que es atribución exclusiva del Congreso, aunque lo hizo ante la cínica inacción de los legisladores. Lamentablemente, esta orden ejecutiva caería tarde o temprano y hoy ha sucumbido.

Pero Trump tiene otras motivaciones. El presidente fue electo con la promesa de detener el flujo migratorio ilegal, deportar a los infractores y rescatar la aplicación de las leyes. No sólo lanzó una embestida contra los soñadores sino que ha propuesto cambios al sistema para reducir a la mitad el número de inmigrantes que este país acepta cada año.

La decisión presidencial da seis meses al Congreso para encontrar una solución para los soñadores. Si bien no hay imposibles, pensemos que la legislación que ha tratado de protegerlos se presentó hace 16 años y no ha sido aprobada. Y que la reforma migratoria integral ha sido un fracaso durante décadas. El pronóstico no es alentador, especialmente si Trump no lidera al Congreso hacia un buen puerto.

Ir detrás de los soñadores es una magnánima tontería. Este país ha invertido en su educación, son en todos sentidos ciudadanos estadounidenses con vidas modelo e historias inspiradoras que contribuyen a la sociedad. En suma, estos muchachos representan lo mejor de este país.

Cuando Trump lanzó su candidatura dijo que el sueño americano estaba muerto. Hoy esa premisa es cierta, su administración lo está matando una estupidez a la vez..

Periodista

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