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SCJN inválida 50 artículos de Ley de Educación local

La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) invalidó casi 50 artículos de la Ley de Educación de Sonora por considerar que su promulgación por parte del Congreso y Ejecutivo estatales invade un ámbito legislativo que corresponde exclusivamente a la Federación.

21/10/2015 01:24 JUAN OMAR FIERRO Actualizada 01:25

La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) invalidó casi 50 artículos de la Ley de Educación de Sonora por considerar que su promulgación por parte del Congreso y Ejecutivo estatales invade un ámbito legislativo que corresponde exclusivamente a la Federación.

Por unanimidad de 10 votos, el pleno de la Corte resolvió que dichos artículos intentaban regular la evaluación de forma distinta a la contemplada en la Ley General del Servicio Profesional Docente, al modificar el contenido de la reforma educativa aprobada a nivel federal.

Al resolver una acción de inconstitucionalidad promovida por la Procuraduría General de la República (PGR) a nombre del Poder Ejecutivo, el máximo tribunal del país invalidó los artículos que facultaban a las autoridades locales para reconocer los convenios existentes entre el gobierno de Sonora y el Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE) para el ingreso, promoción, y permanencia en el servicio público educativo de los maestros.

El ministro Alberto Pérez Dayán explicó que algunos de los artículos desconocían lo establecido por el legislador federal en la Ley General del Servicio Profesional Docente, por lo que dicha normatividad resultaba contraria a lo establecido por el artículo tercero constitucional.

De igual forma, la SCJN invalidó un artículo de la ley estatal que establecían la posibilidad de aplicar normas internacionales y la Ley Federal del Trabajo en la evaluación de los maestros, ya que sólo el Congreso de la Unión puede definir las leyes y tratados internacionales para regular la permanencia de los profesores en el servicio profesional docente.

“Permitir la aplicación de ciertas leyes o tratados internacionales equivaldría a someter la evaluación del personal docente a procedimientos que no resultan aplicables o que incluso podrían ser contradictorios con los mecanismos de evaluación para el ingreso, promoción y permanencia de los docentes previstos a nivel constitucional”, dijo el ministro.

Otra de las normas invalidadas fue el artículo 80 bis dos por considerar que condicionaba el ingreso al servicio docente al establecer que los candidatos a maestros sólo podrían aspirar a ser docentes en caso de que hubiera vacantes, dando preferencia a los trabajadores de base.

“Lo cierto es que constituye una regulación directa del servicio profesional y no una mera armonización ni cuestión operativa tendiente al ejercicio de las competencias que la Ley General del Servicio Profesional Docente confiere a las entidades federativas”, concluyó el ministro.

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