A través de la denuncia de cuatro puntos —“La precarización de las condiciones laborales en los centros de trabajo académicos”; “Infraestructura científica y tecnológica insuficiente y falta de mantenimiento de equipos especializados”; “Incertidumbre y afectación a la libertad académica generada por la Ley General de HCTI”; y “Abandono en la formación e incorporación de científicos jóvenes”—, ProcienciaMX fijó postura.

“En nuestro país hay señales preocupantes de debilitamiento estructural en la formación de científicos, humanistas y tecnólogos; la producción académica; la generación de patentes; la consolidación de instituciones de educación superior con capacidades robustas de investigación; y la articulación entre la ciencia, la sociedad y los sectores productivos”, se lee en el comunicado.

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Respecto al primer punto señalado, el documento denuncia retrasos en los pagos de estímulos académicos en los centros de investigación que dependen de la Secretaría de Ciencia, Humanidades, Tecnología e Innovación (Secihti), así como el cierre de programas académicos y las dificultades para construir redes internacionales debido a problemas administrativos.

En los demás apartados se hace hincapié en problemas como la “imposibilidad de renovar el equipo básico de laboratorio debido a la carencia de recursos asignados en la partida 5000 en instituciones federales y a la reducción significativa de los apoyos destinados a equipamiento científico en las convocatorias de la SECIHTI (antes CONAHCYT)”; las dificultades administrativas para ejercer recursos; las áreas que no contempla la Ley General en materia de Humanidades, Ciencias, Tecnologías e Innovación; la poca incentivación hacia el sector privado para colaborar en proyectos de investigación básica y aplicada; y la reducción de becas de posgrado otorgadas por la Secretaría, tanto en el extranjero como en el país.

Para enfrentar esta situación, la estrategia de ProcienciaMX contempla tres acciones prioritarias. La primera consiste en “recuperar progresivamente un nivel mínimo de inversión pública equivalente al 0.5% del PIB para ciencia, tecnología e innovación —todavía muy inferior al promedio mundial de 2.0%— mediante incrementos anuales equivalentes al 0.1% del PIB, lo cual significaría aproximadamente 35 mil millones de pesos adicionales por año, destinados a los cuatro puntos críticos mencionados anteriormente”.

El segundo punto plantea reconocer la investigación científica como una inversión estratégica e indispensable para el desarrollo de México.

Por último, la red propone garantizar una participación amplia y efectiva de la comunidad científica —incluidas las universidades particulares— y de otros actores sociales y privados interesados en el diseño, implementación y evaluación de las políticas públicas del sector.

El objetivo, concluye el documento, es abrir paso a la revisión y aprobación de una nueva Ley de Ciencia que responda a las necesidades reales del desarrollo científico actual.

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