Pese a las acciones de cobranza social para llegar a un arreglo con los deudores, el Infonavit recuperó 2 mil 248 viviendas de trabajadores que se negaron a pagar.

De acuerdo con información del organismo tripartita, el número de inmuebles que le quitó a los morosos vía un juicio, fue mayor durante 2007 respecto a 2006, cuando llegaron a menos de mil.

Por lo general, las casas adjudicadas se ofrecen a nuevos derechohabientes, sobre todo a personas de menores ingresos.

Vicente Rodríguez, vocero del Infonavit, estimó que un proceso de recuperación de garantías dura entre dos y tres años; en ese lapso, una parte importante de los inmuebles están abandonados o en mal estado.

Comentó que en los últimos dos años poco más de 350 mil acreditados renegociaron sus adeudos.

Incluso, dijo, hay un esquema en el que, cuando una persona deja de pagar, se le hace un estudio socioeconómico para determinar su capacidad de pago.

Detalló que hay casos de discapacidad o enfermedad que impide a los asalariados cumplir; en esos se baja la mensualidad o bien, se condona el préstamo.

En los últimos meses se aplicaron 600 estudios socioconómicos y en 25% se logró una disminución en la mensualidad.

Puntualizó que dentro del programa de cobranza social se contrató a una red de personas que se denominan promotores de solución; éstos son en su mayoría amas de casa o profesionistas independientes que reciben capacitación sobre los productos de reestructura que ofrece el organismo tripartita.

Los asesores no son abogados de cobranza, sino que visitan a los deudores en sus viviendas para explicarles las opciones de reestructura y que de esta forma puedan regularizar su préstamo.

Luego de la labor de convencimiento, “si el acreditado no está de acuerdo con la opción que le ofrece el promotor, puede recurrir a un órgano conciliador que opera en todas las delegaciones”.

Pero también, dijo, hay esquemas para premiar a los deudores cumplidos, por ejemplo, rifas de saldo y mensualidades, descuentos en bienes y servicios, rebaja de 10% por liquidación anticipada o la condonación de las últimas 12 mensualidades.

Rodríguez aseguró que las acciones de fiscalización que lleva a cabo el instituto permitieron revertir la cartera vencida.

En este momento, la morosidad se ubica en menos de 4%; hace unos años llegó a 21%.

Afirmó que el organismo continuará en el esquema de cobranza social. Este programa se instrumenta a nivel nacional y se coordina y supervisa de manera regional.

El funcionario reiteró que una de las prioridades que tiene el Instituto es lograr la conciliación con los acreditados.

“Queremos darles un trato digno, respectuoso y convencerlos de que pagar es la mejor alternativa”, aseguró.