Los despachos de cobranza que trabajan para Infonavit tendrían que cumplir con una serie de lineamientos que les impediría acosar, coaccionar y/o amenazar a deudores del instituto.

Lo anterior sería posible si prospera la propuesta presentada por el diputado panista Jesús Ramírez Rangel, en donde busca que la labor que realizan estas firmas externas se sujeten a 11 puntos que propone sean incluidos en la Ley del Infonavit.

Entre ellos destacan los puntos III y VII, que de forma respectiva establecen que "las llamadas telefónicas para el cobro de las deudas deberán realizarse a partir de las 7:00 horas hasta las 22:00 horas, hora local del domicilio del deudor" así como "evitar engañar al acreditado con el argumento de que al no pagar su deuda, comete un delito sancionado con privación de la libertad, ni hacer creer con falsos escritos de demanda o notificaciones, que se ha iniciado un juicio en su contra".

Infonavit desde septiembre del año pasado había pretendido moderar la actividad de sus despachos de cobranza mediante la aplicación de un código de ética y un esquema de sanciones entre aquellos de los que los acreditados se quejaran.

El incentivo para que los derechohabientes de Infonavit en problemas de pago denuncien esta prácticas es el descuento de algunas mensualidades o hasta la condonación del adeudo acumulado hasta entonces, si se comprueba que sufrieron alguna amenaza, acoso o maltrato por parte del personal. Además, el despacho es sancionado económicamente o, si su falta es grave, inhabilitar de proveer servicios al instituto.

La iniciativa presentada ayer también incluye los siguientes preceptos: los despachos de cobranza no actuarán en detrimento de la dignidad de los acreditados y se abstendrán de comunicarse en domicilios distintos a los señalados en el contrato, es decir, no podrán importunarlo en su trabajo.

Además, no estará justificado el uso de lenguaje obsceno o de palabras altisonantes con el acreditado o quienes atienden la llamada. Tampoco podrán hacer amenazas a los acreditados de manera directa o a través de sus familiares, vecinos, amigos o compañeros de trabajo así como ostentarse como representante de algún órgano jurisdiccional.

La iniciativa también pretende que no haya uso de cartelones, anuncios o cualquier medio impreso en lugares públicos, o en el exterior de los domicilios de los acreditados, en los que se haga referencia a su adeudo.

También deberán abstenerse de enviar correspondencia a los acreditados con leyendas exteriores que mencionen que el comunicado trata específicamente de cobranza o, al realizar la cobranza, deberán de dar a los acreditados, de requerirlo, toda la información disponible para la integración de su saldo.