Luis Pazos, presidente de la Condusef, advirtió que incluso la recurrencia de malas prácticas obligará a las autoridades y legisladores a emitir disposiciones que regulen esas prácticas. "Si continúa la presión social se tendrá que legislar", mencionó.

Insistió en que esta dependencia se mantendrá atenta para denunciar cualquier abuso de estas empresas y tiene la facultad de emitir recomendaciones y multar a los bancos que, vía despachos de cobranza, insistan en malas prácticas. Recalcó que impedirán acciones que dañen la integridad de los usuarios que reportan problemas de pago.

La Asociación de Profesionales en Cobranza y Servicios Jurídicos firmó un código de ética, bajo el que se deben regir los despachos de cobranza. El código prohíbe a las personas que se encargan de la cobranza usar un lenguaje obsceno o palabras altisonantes al entablar comunicación con el deudor o cualquiera de sus contactos.

En las llamadas a usuarios deben negociar el pago de deudas; no podrán engañarlos asegurándoles que si no pagan serán encarcelados, sujetos de demanda o notificaciones judiciales. También prohíbe utilizar formas o papelería que simulen instrumentos legales, entre otras medidas.

En caso de que algún miembro de la asociación viole estos lineamientos, las quejas que se reciban se turnarán a la Comisión de Honor y Justicia del organismo, la cual iniciará una investigación y, en su caso, impondrá sanciones.

Desde hace varios años, los bancos contratan a despachos o les venden cartera vencida para que sean ellos los que se encarguen de cobrar las deudas.

Entre los mecanismos para recuperar la deuda, muchos se valen de amenazas, insultos y acosos; incluso, hay quienes pegan en casa de los deudores órdenes de embargo, lo cual es violatorio de diversas leyes.

La circular 1505 que emitió la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV) en agosto de 2001 determina que las instituciones de crédito deberán cerciorarse con los medios que tengan a su disposición que las cesiones o descuentos se celebren con personas que utilicen prácticas de cobranza "razonables" y apegadas a derecho.

rcr