José Alfonso Rivera, vicepresidente jurídico de la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros (Condusef), explicó en entrevista con EL UNIVERSAL online, que la Declaración Universal es el resultado de una serie de propuestas conjuntas elaboradas por diversas organizaciones públicas y privadas de diferentes países, la cual contiene una serie de derechos y enunciados que son los mínimos que debe tener un usuario en la contratación de algún servicio financiero.

México firmó la declaración únicamente como testigo de honor, ya que nuestro país no coincide con un punto propuesto en la misma, que considera conveniente la creación de un Agencia Internacional de Protección a los Usuarios de Servicios Financieros, “pues esto significaría la supeditación de México a un órgano supranacional, lo cual va contra el derecho mexicano”, dijo Rivera.

Garantías básicas

El funcionario explicó que cuando los países firman una declaración, los derechos contemplados en ella no aplican hasta que los gobiernos de las naciones los incluyen en su propia legislación, para que las normas propuestas se conviertan en derecho positivo, y sea posible su aplicación concreta.

La legislación mexicana es avanzada en cuanto a protección de los usuarios de servicios financieros, ya que casi todos los derechos incluidos en la Declaración Universal forman parte de las leyes de nuestro país, pero México no concuerda con la creación de un organismo supervisor supranacional ni con pequeñas cuestiones que no se adaptan a sus condiciones, “por ejemplo hay uno que refiere que los usuarios podrán negarse a recibir regalos cuando los comprometan a algo, eso no tiene mayor relevancia en nuestro país”, dijo el entrevistado.

Los usuarios mexicanos de servicios financieros tienen, entre otros, los siguientes derechos básicos: