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El Salvador, infierno para niñas y adolescentes.

Evelyn Hernández, fue violada a los 19 años, quedó embarazada y su bebé nación muerto, fue acusada de homicidio por aborto y condenada a 30 años de prisión. Una niña embarazada a los 9 años, también por violación, obligada a llevar su embarazo a término: una niña cuidando un niño.
31/01/2018
22:56
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Evelyn Hernández, fue violada a los 19 años, quedó embarazada y su bebé nación muerto, fue acusada de homicidio por aborto y condenada a 30 años de prisión. Una niña embarazada a los 9 años, también por violación, obligada a llevar su embarazo a término: una niña cuidando un niño. 

Cuando los extremistas desequilibran las ecuaciones y los credos se vuelven más importantes que los derechos humanos surge la tragedia. La violencia y el extremismo religioso ha orillado a cientos de niñas pequeñas en El Salvador a encontrar en el suicidio el único camino frente al trauma de las violaciones de que han sido víctimas y la consecución de embarazos no deseados a que han sido obligadas por ley humana y -según dicen los extremistas- divina. 

El drama comenzó hace algunos años y, aunque con el pasar del tiempo no hace más que reforzarse, parece que no ha sido suficiente para ocupar los titulares de los más reconocidos medios de comunicación internacionales. Niñas de incluso nueve años han sido revictimizadas al ser obligadas a continuar un embarazo producto de las violaciones -a veces tumultuarias- de las muchas pandillas que asuelan al país. 

En un Estado como El Salvador, donde los ministros de culto han demostrado tener más poder que la ciudadanía, las ideas medievales han carcomido la razón. Hoy por hoy, a través de leyes ya aprobadas por el Congreso del país, el gobierno tiene la capacidad de destinar recursos económicos para obligar a las niñas y adolescentes a mantener sus embarazos bajo amenaza de ir a prisión, acusadas de homicidio, en caso de un aborto, pero ese mismo gobierno no destina recursos para que esas pequeñas, aún niñas ellas mismas, puedan mantener económicamente a los pequeños a los que traen al mundo, ni mucho menos, para proporcionarles atención psicológica ni médica. Aún más deplorable resulta que incluso se sospecha y se llega a castigar a las mujeres que han sufrido abortos espontáneos.

En 2016 el Fondo de Población para las Naciones Unidas daba cifras aterradoras: cada día del año 2015, 69 niñas y adolescentes quedaron embarazadas, principalmente debido a violencia sexual. Y en septiembre del 2014, Amnistía Internacional publicaba el documento “Al borde de la muerte: violencia contra las mujeres y la prohibición del aborto en El Salvador”, en que denunciaba que “las tasas alarmantemente elevadas de violencia sexual contra niñas y mujeres jóvenes en El Salvador, sumadas a la falta de acceso a anticonceptivos de urgencia, obligan a muchas sobrevivientes a buscar abortos clandestinos y peligrosos, poniendo en peligro su salud e incluso su vida”. 

Pero hay otro componente aún más triste en esta ecuación. Debido a la humillación, el trauma psicológico y el rechazo social que sufren las niñas y adolescentes abusadas sexualmente -cuya prueba físicamente más evidente es el embarazo obligado-, una gran cantidad de ellas no encuentra otra “salida” más que el suicidio. De acuerdo con el Ministerio de Salud, el suicidio es la segunda causa de muerte de jóvenes de entre 10 y 19 años y es también la causa del 57% de las muertes de embarazadas de entre 10 y 19 años. Asimismo, los datos oficiales revelan que en el 2010 del total de mujeres víctimas de violencia sexual en El Salvador el 84% fueron niñas y adolescentes menores de 20 años, de las que el 16% eran en menores de 10 años.

Es bien sabido que el embarazo adolescente es un obstáculo para que las niñas y adolescentes puedan abandonar el círculo de pobreza y desarrollar un proyecto de vida, sin embargo en El Salvador, son obligadas a ello por un Estado que debería protegerlas pues en su mayoría estas niñas han sido, como mencionaba arriba, víctimas de violación. Un Estado que lejos de usar sus recursos en contra de las pandillas y bandas de criminales que abundan en el país, prefiere criminalizar inocentes. 

El Salvador al parecer, sigue enfrentando una gran disyuntiva, proteger su futuro o proteger a una camarilla de fundamentalistas y que siguen considerando a la mujer sólo un instrumento para tener hijos y no un ser con derechos y libertades.

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