Baja del microbús que corre de La Villa a Chapultepec, se tapa los ojos con la mano para mirar el edificio de vidrios polarizados que, al contacto con los rayos solares, le lastima la vista. La convocatoria para oficial en comercio exterior del Servicio de Administración Tributaria (SAT), órgano desconcentrado de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, está pegada afuera de la entrada de la dependencia federal.

Egresada de la carrera de Relaciones Internacionales por el Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Monterrey (ITESM), con manejo de 90% del idioma inglés, con 24 años, 54 kilos y 1.57 de estatura, Diana López entrega la documentación requerida.

La encargada de recepción le pide la credencial de elector y el examen médico. La joven se lo entrega y la empleada le contesta que la convocatoria es muy clara: 1.60 metros de estatura para mujeres y 1.70 para varones.

La recepcionista le dice que no es candidata para entrar en la convocatoria, pues incumple con la estatura requerida, y “ni hablar, revisa el documento allá afuera, por favor”. “¡Son sólo tres centímetros!”, replica la muchacha. “Te pido que, por favor, revises allá afuera”, termina tajante la empleada.

Historias ciertas

Afuera, Diana no lo puede creer, las historias de sus ex compañeros de carrera son ciertas: en el SAT, o mides y pesas lo que señala la convocatoria o te rechazan de entrada. Un oficial de comercio exterior es quien decide cuál mercancía pasa o no en la aduana.

El organismo al que Diana pretendía ingresar tiene la responsabilidad —según su portal de internet— de aplicar la legislación fiscal y aduanera, con el fin de que las personas físicas y morales contribuyan proporcional y equitativamente al gasto público; de fiscalizar a los contribuyentes para que cumplan con las disposiciones tributarias y aduaneras; de facilitar e incentivar el cumplimiento voluntario, y de generar y proporcionar la información necesaria para el diseño y la evaluación de la política tributaria.

Su misión es “recaudar las contribuciones federales y controlar la entrada y salida de mercancías del territorio nacional, garantizando la correcta aplicación de la legislación y promoviendo el cumplimiento voluntario y oportuno”.

De una lectura simple de los enunciados anteriores, de ninguno se desprende que para esas actividades sus trabajadores deban tener cierta estatura.

Negación de derechos

Tomás Romero, experto en Relaciones Exteriores del Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación (Conapred), asegura que la experiencia de Diana es una acto discriminatorio “porque hay una negación de derechos”, específicamente, el del trabajo, establecido en el artículo 123 de la Constitución.

Amén de una violación al artículo primero de nuestra Carta Magna, y al 4 de la Ley Federal para Prevenir y Eliminar la Discriminación.

La Constitución prohíbe “toda discriminación motivada por origen étnico o nacional, género, edad, discapacidades, condición social, condiciones de salud, religión, opiniones preferencias, estado civil o cualquier otra que atente contra la dignidad humana y que tenga por objeto anular o menoscabar los derechos y libertades de las personas”.

La gente confunde acciones

“La gente confunde mucho qué es discriminación y qué no es discriminación. ‘Es que me vio feo y me discriminó, es que me dijo una grosería y que discriminó’; no, la discriminación es la negación de derechos”, aclara el especialista del Conapred. “En este caso, el derecho negado es el del trabajo”, apunta.

La Ley para Prevenir la Discriminación en su artículo 5, párrafo quinto, dice que no se consideran discriminación “las (acciones o actitudes) que establezcan como requisitos de ingreso o permanencia para el desempeño del servicio público y cualquier otro señalado en los ordenamientos legales”; empero, Tomás Romero advierte que en esa cláusula se refiere a las necesidades básicas de una empresa o dependencia.

“Si hay una empresa de mudanzas, en la que su trabajo es muy pesado, pues obviamente va a tener que fijarse en ciertos elementos físicos. Imagínate que le exijamos que contrate a una persona de 70 años; ahí no hay discriminación”, aclara el funcionario.

Sobre el derecho al trabajo, la misma Constitución establece que “toda persona tiene derecho al trabajo (a ser) socialmente útil”, agrega.

Tres elementos discriminatorios

Romero advierte que en la convocatoria de abril para oficial de comercio exterior del SAT hay por lo menos tres elementos plenamente discriminatorios: el rango de edad (de 18 a 30 años), la estatura y el peso (1.60 metros para mujeres; 1.70 para hombres; el peso, acorde a la estatura), así como no tener tatuajes.

En el documento emitido por la citada dependencia señala que el apartado de estatura y peso requerido para entrar a la plaza se basa en la Norma Oficial Mexicana NOM-174-SSA1-1998, para el manejo integral de la obesidad que, como lo señala su nombre, sólo habla del sobrepeso en los solicitantes.

La convocatoria del SAT también impide el acceso a la dependencia a personas que no sepan conducir un vehículo, a hombres que no tengan el servicio militar liberado, o los sujetos que formaron parte de alguna de las corporaciones policiacas o en migración.

ELUNIVERSAL pidió a Comunicación Social de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) informar el por qué de tales disposiciones en su convocatoria de este año, la que inició en febrero y cerró en abril pasado. Sin embargo, la respuesta no ha llegado.

Otra normatividad que procura evitar la discriminación en las dependencias federales es la Ley del Servicio Profesional de Carrera en la administración Pública Federal, exactamente en el artículo 21, donde se especifica lo que un aspirante al servicio público debe reunir.

En el párrafo quinto establece que ”no podrá existir discriminación por razón de género, edad, capacidades diferentes, condiciones de salud, religión, estado civil, origen étnico o condición social para la pertenencia al servicio”.

Algo parecido a lo que señala la Constitución en el artículo 1.

Cuestión de denunciar

Tomás Romero, el experto en discriminación del Conapred, insta a denunciar la negación de derechos.

“Tenemos que cambiar las pautas culturales y las institucionales, (pues) hay muchas leyes, normas que hay que alinear con la cláusula antidiscriminatoria, al artículo primero de la Constitución”, ya que la discriminación “viene de inercias, por cuestiones culturales”.

Diana interpuso una denuncia en la página de Internet del Conapred por aquel 5 de marzo pasado en que acudió a la dependencia, donde relata la situación y pide una explicación para la discriminación de la que fue objeto.

Según Diana, el Conapred le envió un correo electrónico a mediados de julio para darle seguimiento a su caso; pero ella estuvo de viaje en esas fechas, por lo que no pudo comunicarse al Consejo.

La joven desconoce si cuatro meses después de la convocatoria, que es anual, los puestos ya fueron asignados.

Mientras tanto, ella sigue en busca de un empleo. Otros de sus ex compañeros de carrera, quienes también fueron rechazados, simplemente dejaron pasar el hecho o se pusieron a dieta para no quedar a unos centímetros o kilos de las exigencias del SAT.