En el informe que entregaron a los expertos de dicha comisión dijeron que “este inusual retraso en la publicación de la norma” pone en duda la disposición del gobierno mexicano de garantizar esos derechos a las mujeres.

Indicaron que desde hace 200 días debió actualizarse dicha norma, pero la Secretaría de Salud, de manera irregular y sin involucrar a la sociedad civil y a los académicos, como lo marcan los procedimientos, la modificó y pretendió dejar al libre albedrío de los médicos la interrupción legal del embarazo y el suministro de un anticonceptivo de emergencia para las víctimas de violación.

Además, eliminaba la competencia de las entidades federativas en la vigilancia del cumplimiento de la norma, “sobredimensionaba” los riesgos de la anticoncepción de emergencia y ampliaba y anteponía la objeción de conciencia entre el personal médico, en lugar de regularla.

Relataron a la ONU que luego de varias semanas de protestas, la Secretaría de Salud rectificó y el 27 de febrero pasado estableció en dicha norma la obligatoriedad de los servicios de salud para ofrecer dichos servicios, pero hasta la fecha esa norma no está vigente porque no ha sido publicada en el Diario Oficial de la Federación.

“Existen elementos para pensar que esto se debe al poder y a la ideología de funcionarios públicos resistentes a reconocer los derechos sexuales y reproductivos y a la gran influencia de la jerarquía católica que está ejerciendo presión para evitar su publicación”, consideraron.

Ayer, el secretario de Salud, José Angel Córdova, aclaró que “administrativamente la Secretaría de Salud ya cumplió conforme a la ley y lo demás ya está en otra cancha”. Dijo que el 6 de marzo enviaron el proyecto de norma “y lo que sigue en adelante le corresponde a la Secretaría de Gobernación”, aunque indicó que no hay límite para su publicación. (Liliana Alcántara y Ruth Rodríguez)