Un atentado contra la honorabilidad de las víctimas

Si este caso ha llegado a la opinión pública es porque Bohdan, una de las víctimas, estudiaba derecho en la UNAM y sus compañeros se han sentido indignados por la explicación que ha dado el Gobierno del Estado de Hidalgo, en voz del mismo secretario de gobierno, para esconder la ineficacia gubernamental en el esclarecimiento del asesinato de este estudiante y tres amigos, en el domicilio de dos de ellos en Tizayuca, Estado de Hidalgo.

Lo más fácil es convertir a las víctimas en delincuentes, afectando su honorabilidad y el derecho que todos tenemos a tener un nombre respetable. Así las autoridades se sienten liberadas de la obligación de investigar.

Esta práctica, que es un atentado al honor de las personas, debe tener consecuencias para quien difama, aunque éste sea funcionario público de alto nivel.

Para explicar el asesinato de cuatro jóvenes el pasado 17 de noviembre, dentro del domicilio de dos de ellos, quienes eran pareja, crimen perpetrado en Tizayuca, el secretario de gobierno de Hidalgo, Simón Vargas Aguilar, explicó: “No ha habido ningún hecho delictivo que lamentar afortunadamente, contra miembros de la sociedad hidalguense, pues fue un ajuste de cuentas entre narcomenudistas”.

Pareciera ser que en la mayor parte del país con dar este argumento las autoridades se sienten liberadas de su obligación de investigar cualquier crimen.

Es grave que esto se ha convertido en una práctica muy utilizada nacionalmente.

El hecho de dar a un crimen un sesgo moral pretende hacerle notar a la sociedad, que si la víctima andaba “en malos pasos”, se merece lo que sucedió, pues eso es “justicia divina”. O sea que las autoridades que deben investigar se convierten en jueces morales y así evaden su responsabilidad. Eso es chantaje emocional en contra de la sociedad.

Las víctimas de este crimen son Bohdan, quien estudiaba derecho en la UNAM, Diego, quien era vendedor de autos, Gerardo quien estudió ingeniería sin concluir y Karla, quien era su pareja y trabajaba como empleada. Las edades de las cuatro víctimas oscilaban entre 19 y 26 años de edad.

Ese fin de semana estos jóvenes festejaban “el estreno” de la casa donde se mudaron Gerardo y Karla.

Varios delincuentes llegaron a la vivienda. Golpearon y degollaron a estos jóvenes, excepto a la hermana de Gerardo, quien estaba ahí y quedó gravemente herida.

Este argumento no es nuevo, pues desde el sexenio pasado se utilizaba para minimizar la percepción ciudadana de inseguridad en el país. Con ello se pretendía hacer creer a la sociedad que la violencia se daba en un mundo paralelo, que no afectaba a la gente honesta. Que quien se portaba bien podía sentirse seguro.

Sin embargo, la realidad terminó por imponerse y quedó claro que las circunstancias habían cambiado y la delincuencia organizada se orientó también a agredir al ciudadano común.

Mientras no se considere difamación la acusación hecha por un funcionario en contra de una víctima, para justificar su ineptitud, se deja abierta una puerta a la impunidad.

Se debe considerar un delito la falta de respeto al honor y al derecho al buen nombre que tiene cualquier persona, incluso cuando se es víctima de un delito.

¿Usted cómo lo ve?

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