La ley de Seguridad Interior y la manipulación de los temores

Uno de los objetivos fundamentales del “estado”, como institución, en cualquier lugar del mundo, es garantizar la seguridad física de los ciudadanos. Lo ha sido desde hace miles de años cuando las tribus bárbaras asolaban las aldeas, hasta hoy que la delincuencia organizada y los terroristas imponen su ley lastimando a la población.

Parece ser que se nos olvida que en México el estado de derecho está siendo violentado por grupos de delincuencia organizada que se multiplican de forma desordenada, al amparo de la impunidad tolerada. Hay zonas donde las autoridades legítimas no tienen el control político y social e incluso, o están asociadas con los delincuentes, o están siendo manipuladas a partir de amenazas.

Sin embargo, todos los supuestos posibles están circulando en el espacio mediático y las redes sociales sobre la Ley de Seguridad Interior. Todos los estereotipos y clichés vinculados con derechos humanos y las fuerzas armadas se están convirtiendo en trending topic. Muchas ONG´s la atacan a partir de suposiciones.

Vivimos en la era de las percepciones, donde a partir de supuestos y despertando temores, podemos manipular a la población. Eso es lo que estamos viendo hoy a partir de que esta ley fue aprobada en lo general por la Cámara de Diputados y enviada al Senado para su ratificación. Sin embargo, nada se dice respecto a que luego vendrá el trabajo de definir la operación de la misma en lo particular y ahí debemos enfocar la atención.

A partir de casos específicos que señalan violaciones a los derechos humanos atribuidas a las fuerzas armadas, los cuales nos han indignado y todos hemos rechazado, se están construyendo generalizaciones. Se están creando fantasmas como “la militarización del país”. Así decía una manta que exhibió un grupo de diputados en el salón de plenos de San Lázaro.

Por ello es necesario exigir a quienes usan esa terminología, definan a detalle cual es el significado de esta frase dominguera… ¿Significa que los militares toman el poder e imponen a un presidente de la república?. Así es como se entiende en cualquier parte del mundo la militarización de un país, pero ese no es nuestro caso.

El fantasma de la represión contra el ciudadano es la punta de lanza de las críticas.

La institución que todavía tiene capacidad de inspirar respeto a la delincuencia organizada es la que componen las fuerzas armadas. Por ello debemos cuestionarnos ¿Cómo es que exigimos al gobierno orden y tranquilidad si dinamitamos la reputación de las instituciones que nos pueden proteger?. Hay una guerra de percepciones a través de la utilización de frases manipuladoras.

Sin embargo, la tesis P./J. 038/2000 expedida por la Suprema Corte de Justicia de la Nación define que es constitucional que las fuerzas armadas auxilien a las policías locales en todo el país en el combate a la delincuencia. Esta ley no autoriza que las fuerzas armadas tomen el lugar de las policías locales, sino que define bajo qué circunstancias las fuerzas armadas pueden ir en apoyo de las autoridades estatales o municipales cuando estas han sido rebasadas por la delincuencia.

Por supuesto que el combate a la delincuencia organizada debiese articularse con autonomía desde los estados de la república y los municipios, con cuerpos policiacos altamente capacitados, bien apertrechados con armas de alta tecnología y gente confiable. Sin embargo, a pesar de que durante varios años el gobierno federal ha canalizado fuertes cantidades de dinero etiquetadas para montar proyectos de fortalecimiento para los cuerpos policiacos, la realidad es que el presupuesto se ha esfumado sin que se obtengan avances significativos. Por ello debemos dejar en el pasado la tesis de lo que debiera ser el combate a la delincuencia y centrarnos en los riesgos presentes y futuros.

A final de cuentas debemos entender que la Ley de Seguridad Interior es el recurso de emergencia ante el fracaso de los gobiernos estatales por crear cuerpos policiacos capaces de enfrentar a la delincuencia.

Seguro que esta ley no es deseable, pero es lo posible en las circunstancias actuales de alta violencia. Siempre habrá forma de revertirla dentro del estado de derecho, pero el avance del crimen organizado imponiendo la ley de la selva, se convierte en incontrolable. El tiempo es un recurso no renovable en esta titánica tarea.

El foco de atención de la ciudadanía y las ONG’s debe ser la próxima etapa legislativa, en que se pasa de lo general a lo particular y se definen los alcances y restricciones de esta ley.

Muy valioso sería que la Comisión Nacional de Derechos Humanos lograse crear dentro de su propia organización visitadurías especializadas en la vigilancia de la actuación de las fuerzas armadas y se les diese por ley, la autoridad para que, en igualdad de fuerzas, la CNDH tenga la capacidad de vigilar el respeto a los derechos humanos.

¿Usted cómo lo ve?

@homsricardo

Facebook / RICARDO HOMS

www.ricardohoms.com