La justicia al mejor postor

La noticia de que fue cancelado el examen para acceder al cargo de juez federal, debido a que se descubrió que se venden los exámenes con que se logra este cargo, nos explica la crisis que tenemos en impartición de justicia. Sin embargo, más allá de la cancelación del examen, no se ha dado a conocer quiénes son los funcionarios que hacen este negocio, pues estos no sólo debiesen ser despedidos, sino encarcelados por corrupción.

Esto tiene alto significado, pues evidencia la falta de calidad moral y ética de quien vende los exámenes, pero también de quien los compra para llegar a convertirse en juez federal. Es muy grave porque es de esos jueces de quienes depende la liberación o el encarcelamiento de los indiciados.

Ahora podemos entender por qué muchos delincuentes que fueron apresados in fraganti, o sea cometiendo el delito, por fallas en la integración de los expedientes o errores administrativos en el proceso, son liberados. Seguramente estas fallas son intencionales para justificar la liberación de un delincuente que pagó por su libertad.

Cuando uno revisa la trayectoria de magistrados y jueces de hace varios años, miembros de generaciones anteriores, uno descubre que éstos, además de su trabajo impartiendo justicia, también eran catedráticos en las escuelas y facultades de derecho del país. Muchos de ellos hasta tenían obra publicada sobre temas jurídicos.

En contraste, hoy en plena crisis delincuencial, cuando se ha agravado la violencia y aumentan los ataques en contra de la sociedad, descubrimos que al prostituir los sistemas de selección, se corre el riesgo de que lleguen a este cargo tan importante, juzgadores capaces de vender impunidad.

Poco se ha dicho de una circunstancia que muestra la gravedad del caso. Los jueces federales pueden ganar menos que el salario actual del cargo que muchos de los candidatos ya poseen. ¿Por qué podrían buscar un cargo cuyas remuneraciones son menores a las que ya perciben donde actualmente están?

Se han dado a conocer los salarios de los cargos que ocupa un alto porcentaje de quienes concursan por la plaza de juez federal.

Así nos enteramos de que un secretario general de acuerdos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, según el tabulador de remuneraciones, percibe mensualmente 177 mil 995 pesos; un secretario general de acuerdos, de la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación recibe 175 mil 428 pesos; un subsecretario general de acuerdos de la SCJN 172 mil 489 pesos y un subsecretario general de acuerdos del TEPJF hasta 174 mil 003 pesos.

Lo más curioso es que un juez federal pueda percibir hasta veinte mil pesos mensuales menos de lo que pudieran estar ganando quienes buscan ese cargo. ¿Qué les podría motivar a solicitarlo?

Evidentemente son las oportunidades de hacer negocio vendiendo sentencias favorables.

Mientras no se llegue hasta las últimas consecuencias de este asunto y se finquen responsabilidades a quienes trafican con los exámenes, nuestro sistema de justicia está en riesgo y con él, la seguridad de todos los mexicanos.

Que la venta de los exámenes sea considerado delito no grave, sería minimizar su impacto y consecuencias en la calidad moral de los jueces.

No es lo mismo la venta de exámenes a estudiantes, que la venta de exámenes por una parte y la compra por otra, de la oportunidad de convertirse en impartidor de justicia en delitos graves de delincuencia organizada, como son los que resuelven los jueces federales a lo largo del territorio nacional.

¿Usted como lo ve?

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