El presidente Jimmy Morales y la justicia guatemalteca

Hoy que el Procurador General de la República, Raúl Cervantes, enfrenta el escándalo del Ferrari domiciliado en el Estado de Morelos, supuestamente para ahorrarse el impuesto a la tenencia de automóviles de lujo, es bueno voltear hacia otros países para entender como enfrentan su lucha contra la corrupción y la impunidad.

Un ejemplo lo tenemos aquí cerca, en Guatemala, donde hoy el presidente en funciones Jimmy Morales enfrenta un juicio por haber recibido recursos de origen desconocido durante la campaña hacia la presidencia de la república, lo cual levanta suspicacias de cuales pudieran haber sido los compromisos que se asumieron al recibir estas aportaciones.

Cabe decir que el presidente Morales no aceptó de buena gana los cuestionamientos y lo primero que hizo fue declarar persona non grata la presencia del jefe de la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala, (CICIG) organismo dependiente de la ONU, Iván Velásquez, a quien expulsó del país.

Dos días antes de este hecho el ministerio público guatemalteco y la CICIG conjuntamente habían presentado una denuncia contra el presidente por haber ocultado durante su campaña 6.7 millones de Quetzales, la moneda del paìs.

Lo importante es que aún habiendo expulsado el presidente a este funcionario extranjero, el juicio sigue y en estos días debe presentarse a una nueva audiencia ante autoridades de su país que intentan destituirlo.

En México, en las condiciones actuales, de un totalitarismo que propicia la impunidad, sería impensable un caso así.

El Tribunal Electoral de Guatemala fue el que inició esta denuncia. Pero este no es un caso aislado pues el titular de la Procuraduría de los Derechos Humanos, Jordán Rodas Andrade, presentó un recurso para evitar la expulsión de Iván Velásquez, secundado por otras organizaciones locales, lo cual enfrenta al ombudsman con el presidente Morales.

Por otra parte, el canciller Carlos Raúl Morales fue destituido del cargo por negarse a expulsar a Iván Velásquez. Esto quiere decir que los principios legales y de justicia están por encima de las lealtades, compromisos y componendas y el responsable de la política exterior guatemalteca así lo entendió.

Vuelve a surgir la pregunta: ¿con la estructura gubernamental actual de nuestro paìs, donde los presidentes mexicanos trabajan sólo con amigos e incondicionales, podría darse el fenómeno político que hoy vemos en Guatemala en contra de la impunidad?

Recordemos que el presidente anterior de Guatemala, Otto Pérez Molina y su vicepresidenta Roxana Baldetti, fueron destituidos y encarcelados, estando ambos en funciones, por acusaciones de negocios realizados con el patrimonio de la nación.

Retomando el caso de la selección del nuevo fiscal general de México debemos exigir sea alguien sin filiación partidista y sin compromisos, para que como sucede en Guatemala, el fiscal pueda enjuiciar a cualquier miembro de la estructura “del poder” sin tener consideraciones y sin que haya encubrimiento.

Para ello debe tener una conducta intachable y reputación tan sólida que le garantice autoridad moral para enjuiciar a otros que actúen contrariamente a la ética.

Un fiscal que en su pasado tenga un caso de corrupción, por más leve que sea y no importa què tan antiguo sea, siempre estará en posición vulnerable y sin legitimidad para imponer la ley.

El atributo màs importante del nuevo fiscal, para que marque la diferencia será su reputaciòn.