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Diego Luna y la Ley de Seguridad Interior

14/12/2017
09:49
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Se están gestando fenómenos de opinión pública de alto impacto que pueden ser muy peligrosos para la sociedad, pues nos pueden orillar a tomar decisiones emocionales, dejando de lado el análisis racional que debe prevalecer en el trabajo legislativo. Ello puede generar las condiciones óptimas para la manipulación ciudadana a través de los temores y fobias.

El caso de la Ley de seguridad interior es un claro ejemplo de ello.

Al margen de evaluar en este comentario si esta ley que ahora tomamos como ejemplo es necesaria o no y si genera riesgos, debiese preocuparnos el modo en que se está influyendo en decisiones trascendentales a través de la banalización en el manejo de las ideas.

Pareciera ser que lo que se debate, según las percepciones ciudadanas, es “la militarización del país”. Con esta conceptualización tan simplista se generan percepciones de alto contenido emocional.

La gente imagina que, en todo el país, incluso donde hoy no los hay, veremos en cada esquina soldados o marinos y estos podrán detenernos por simple capricho para investigarnos, así como también estarían facultados para meterse en la casa de cualquier ciudadano sin orden de aprehensión o documento expedido por un juez, para llevarnos a los cuarteles y torturarnos para confesar delitos.

Para generar estas percepciones públicas se recurre a los estereotipos relacionados con gobiernos totalitarios encabezados por militares, como ha sucedido en el pasado en Argentina, Chile, Brasil y otros países más, ubicados en Latinoamérica. En nuestro modelo democrático esto no podría suceder, pues si hubiese abusos de algunos militares, estos estarían fuera de la ley y debemos exigir sean castigados.

Esta idea de un estado represivo y militarizado que hoy empieza a rondar en el imaginario colectivo, requeriría llevar al país a lo que se denomina un “estado de excepción”, donde las garantías individuales son restringidas. Sin embargo, para llegar a ello existen “candados” institucionales y controles definidos por nuestro estado de derecho, que implican pasar esta petición gubernamental por procedimientos jurídicos en el Congreso, donde están representados todos los partidos políticos.

La participación de personajes públicos de gran fama y liderazgo de opinión en este movimiento social en conta de esta ley, como es Diego Luna, quien como ciudadano está en todo su derecho de participar en asuntos como éste y en los que él quiera, le da a este fenómeno de participación ciudadana un enfoque emocional que aleja este tema del debate y el análisis profundo, como debiese ser.

La realidad es que esta ley consiste en el manejo de una serie de regulaciones para normar el modo en que las fuerzas armadas pueden participar en el combate a la delincuencia organizada en zonas de conflicto donde la autoridad gubernamental ya ha sido rebasada y donde los delincuentes hoy imponen su ley, afectando la vida de los ciudadanos y abusando de ellos.

Seguramente en el inicio, los cuestionamientos a esta ley estaban fundamentados por expertos que enfatizaban y exigían ajustes en puntos específicos, lo cual no significa la descalificación total de esta ley. Sin embargo, hoy no se debate, sino que habiendo enardecido a la sociedad unos cuantos, que posiblemente estén movidos por intereses políticos electorales orientados a la próxima contienda presidencial, se ha generado un fenómeno de opinión pública sin control, donde las emociones guían a la sociedad.

Quisiéramos ver en este debate sobre esta ley, la publicación y difusión mediática de los puntos específicos que debiesen ser cambiados, redactados de modo sencillo y descriptivo por expertos con credibilidad, provenientes de los institutos de investigaciones jurídicas de universidades prestigiadas, así como la evaluación de abogados con experiencia quienes después de analizar la ley, nos expliquen cuales son los puntos de esta ley que debiesen ser cambiados y por cual razón.

Esto es lo que debiese darse a conocer en los noticieros, planteamientos racionales de expertos y no entrevistas con figuras públicas del espectáculo, que simplemente dan opinión a partir de las suposiciones que se derivan de este manejo mediático subjetivo respecto a esta ley.

No debiésemos caer en la descalificación total de una ley necesaria, simplemente partiendo de las suposiciones que genera la participación de figuras públicas famosas, como lo es la intervención de Diego Luna y de otros actores y artistas que seguramente se sumarán, lo cual tiene altas posibilidades de que suceda. Sin embargo el riesgo será que sin haber leído siquiera los resúmenes que hay sobre esta ley y que incluso están disponibles en Internet, emitan opiniones subjetivas.

Los militares ya están en la calle desde hace diez años y sin embargo, no tenemos aún cuerpos policiacos preparados para sustituirlos. Por tanto, querámoslo o no, tendrán que seguir ahí. Siempre será mejor que su actuación esté regulada por una ley. Hay más riesgos en la indefinición que hoy existe, que permite la discrecionalidad funcional, que cuando exista un marco regulatorio llevado a rango de ley.

Si la ley que se propone tiene algunos aspectos riesgosos, habrá que pedir que se modifiquen en lo particular, pero no podemos descalificarla ni posponerla con el argumento de que significa la “militarización del país”.

¿Usted cómo lo ve?

@homsricardo
Facebook / RICARDO HOMS
www.ricardohoms.com

 

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