La senadora Rosario Ibarra de Piedra es rechazada por el gobierno federal como parte del grupo propuesto por el Ejército Popular Revolucionario (EPR), para un eventual diálogo entre ambos, confirmaron fuentes oficiales.

La participación de la senadora del grupo parlamentario del Partido del Trabajo (PT) “sería partidizar el ejercicio”, explicó la fuente del gobierno federal.

La senadora Ibarra de Piedra llegó al Senado por la vía plurinominal en la lista del PRD, a propuesta del ex candidato presidencial, Andrés Manuel López Obrador, pero una vez que asumió la senaduría los perredistas decidieron incorporarla al PT para que éste lograra integrar un grupo parlamentario propio.

La cercanía de Ibarra con López Obrador, de hecho, no es bien vista por el gobierno federal.

La objeción a Ibarra de Piedra incluso se hizo patente en el comunicado de la Secretaría de Gobernación (Segob) del martes pasado, en donde estableció que aceptaban “a las personalidades mencionadas en el comunicado (del EPR) del día 24 del presente (mes)”.

En el comunicado del 24 de abril el EPR anotó los nombres del periodista Miguel Ángel Granados Chapa, el antropólogo Gilberto López y Rivas, el escritor Carlos Montemayor y el obispo emérito Samuel Ruiz, y al Frente Nacional Contra la Represión (FNCR).

En su comunicación oficial, el gobierno no mencionó siquiera el segundo mensaje del EPR, fechado el 28 de abril, donde los eperristas incluyeron a Rosario Ibarra de Piedra y el FNCR.

El frente fue fundado por la legisladora en 1979 por la desaparición de su hijo Jesús Piedra y que reactivó en octubre de 2007 por la desaparición de los eperristas Edmundo Reyes Amaya y Alberto Cruz Sánchez, y por considerar que hay al menos 95 desaparecidos políticos en los sexenios de Vicente Fox y lo que va del de Felipe Calderón.

Además, el FNCR nombró a Enrique González Ruiz, ex rector de la Universidad Autónoma de Guerrero y académico de la Universidad Autónoma de la Ciudad de México, fundada por López Obrador, y al abogado Juan de Dios Hernández Monge, defensor del Consejo General de Huelga que mantuvo en paro a la UNAM durante nueve meses entre 1999 y 2000.

El gobierno federal guardó silencio ante el grupo de personajes, que el jueves pasado le exigió aclarar si las condiciones impuestas al EPR —diálogo directo, “testigos sociales” y no mediadores y cese definitivo de acciones— constituyen un impedimento para el diálogo.

El ex secretario de Gobernación Francisco Ramírez Acuña propuso al interior del gobierno un diálogo con el EPR el año pasado, luego de los estallidos en instalaciones de Pemex entre julio y septiembre, pero le fue rechazado el planteamiento.

Ahora, el gobierno decidió aceptar la idea del diálogo “con todo el riesgo que ello implique”, explicaron funcionarios federales.

Granados Chapa dijo que el hecho de que el EPR plantee un diálogo representa un giro de 180 grados en su lógica.

El antropólogo Gilberto López y Rivas declaró que “si se leen con claridad sus comunicados, el EPR no está planteando otra cosa (que la presentación de Reyes y Cruz). El gobierno es que el que está planteando otra cosa y dice ‘además de los militantes, que no tenemos nosotros, queremos un diálogo donde ustedes entren a la institucionalidad y la vida civil’. Son dos cosas totalmente distintas”.

En el gobierno aseguran que no pueden aceptar sólo la agenda del EPR y que es necesario que el mismo desista definitivamente de cualquier acción.