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El presidente de Estados Unidos, George W. Bush, anunció que envió al Congreso de su país una iniciativa para apoyar con 500 millones de dólares la lucha de México contra el narcotráfico y el crimen organizado. El gobierno de México garantizó que no dará nada a cambio que comprometa la soberanía.

Desde ayer el acuerdo fue llamado de manera oficial Iniciativa Mérida, luego de que era aludido como Plan México, en referencia al Plan Colombia, convenio antidrogas entre EU y el país sudamericano.

El embajador estadounidense en México, Antonio O. Garza, dijo que se logra una “auténtica sociedad” en la que cada nación asume responsabilidades compartidas.

Añadió que la Iniciativa Mérida es el proyecto más agresivo que jamás se ha convenido para combatir a los cárteles mexicanos de las drogas.

La propuesta de la Casa Blanca fue incluida en una petición de presupuesto adicional para las guerras en Irak y en Afganistán y prevé también 50 millones de dólares para el combate antidrogas de países centroamericanos.

La Casa Blanca informó que el programa total para México ascenderá a mil 400 millones de dólares en tres años.

En un comunicado señaló que el presidente Bush “aprecia grandemente las audaces acciones adoptadas por el presidente Felipe Calderón para enfrentar al crimen y su deseo de elevar la relación a un nuevo nivel de cooperación”.

En conferencia de prensa, en el Distrito Federal, la canciller Patricia Espinosa explicó que el programa no incluye la presencia en México de empresas, asesores privados, tropas o la participación operativa de agentes estadounidenses.

La secretaria de Relaciones Exteriores explicó que México puso como condición a Estados Unidos que los equipos recibidos sean operados por mexicanos, ya sean del Ejército, la Marina o la Policía. Aclaró que habrá capacitación de connacionales en el vecino país.

De acuerdo con la funcionaria, México recibirá tecnología de punta, entrenamiento y equipos que en el marco de un programa de cooperación contribuirán a los esfuerzos del país en tres áreas: lucha antinarcóticos, combate al terrorismo y administración de fronteras; seguridad pública y procuración de justicia, y el fortalecimiento institucional y aplicación de la ley.