Con ello, las empresas tendrían un beneficio fiscal, mientras que las personas físicas permanecerían sin cambios.

Gustavo Enrique Madero, presidente de la Comisión de Hacienda del Senado de la República, dijo que para evitar que las empresas dejen de crear empleos se analiza permitir ese tipo de deducción.

A su vez, Antonio Soto, secretario de la Comisión de Hacienda de la Cámara de Diputados, expuso que el PRD ve con simpatía la posibilidad de deducir no sólo los sueldos y salarios, sino también las prestaciones sociales.

“Una de las preocupaciones fundamentales del PRD es que no se puede deducir los salarios y prestaciones; aunque habría que ver cómo impacta la recaudación y de qué manera afecta a pequeñas y medianas empresas. Sí se ve con simpatía esa posibilidad”.

La propuesta de reforma hacendaria del gobierno de Felipe Calderón no considera la posibilidad de deducir sueldos, salarios y prestaciones que tiene el Impuesto Sobre la Renta (ISR).

Datos de la SHCP confirmaron que se realizan “corridas financieras” para evaluar la propuesta a la que se han sumado diversos partidos. En una primera evaluación, se ha considerado que permitir esas deducciones no tendrían repercusiones para los trabajadores, beneficiaría a las empresas y eliminaría un factor de presión política, aunque podría tener un impacto —no precisado— sobre la recaudación originalmente prevista por la aplicación de la CETU. Consdierar esa propuesta impediría reducir la tasa de la contribución, porque por cada punto que disminuya la contribución se dejarían de captar 12 mil millones de pesos al año.

Para el Centro de Estudios Espinosa Yglesias, trasladar al patrón el costo que actualmente asume el Estado por la deducción de salarios y previsión social a partir de la CETU ocasionaría que las empresas cambien sus sistemas de contratación al régimen de honorarios y, con eso, dejarían a los empleados sin seguridad social.

José Luis Fernández, presidente del Comité Nacional de Estudios Fiscales del IMEF, dijo que está en manos del Congreso el tema de la deducibilidad de sueldos y salarios, porque no hay plan “B”.

Por su parte, la Cámara Nacional de Comercio de Canadá, el Consejo Coordinador Empresarial Mexiquense y la Asociación Nacional de Tiendas de Autoservicio y Departamentales pidieron a los legisladores deducir los gastos ligados al salario, las cuotas del IMSS y el Infonavit.

Xavier López Adame, legislador del Partido Verde Ecologista Mexicano (PVEM), afirmó que la deducción por cuestiones salariales es una posibilidad que se debe analizar y valorar, pero con algunos candados específicos.

Dijo que a las pequeñas y medianas empresas que tienen sueldos muy bajos y no reportarían utilidades les afectaría la CETU.

“Esto tiene que tener un equilibrio, porque vamos a hacer un nuevo impuesto, que es la CETU, que tiene la intención de sustituir al ISR, en donde el problema con el ISR es que todo es deducible”.

El integrante de la Comisión de Hacienda de la Cámara de Diputados, Manuel Minjares, dijo que esa propuesta de deducción es una de las inquietudes y planteamientos del sector privado. “Es parte del estudio que tenemos que realizar; qué tanto afecta, la estamos estudiando”.

El diputado Antonio Soto, del Partido de la Revolución Democrática (PRD), dijo que no hay espacio para realizar un periodo extraordinario en el que se discuta la reforma hacendaria.

“Ya no va a haber periodo extraordinario, está muy difícil que lo logremos porque ya no hay tiempo para lograr los consensos indispensables entre las principales fuerzas políticas en el Congreso. La reforma fiscal se analizaría entre septiembre y octubre”, señaló.

Sin embargo, Minjares dijo que hay tres semanas para alcanzar un acuerdo en favor de un periodo extraordinario de sesiones.