La dependencia recurrió a una estrategia jurídica en la que no tendrá que esperar a que un juez federal determine si el dinero es o no producto del tráfico ilegal de seudoefedrina, para poder utilizarlo.

Con base en el Código Federal de Procedimientos Penales, la PGR decidió el 9 de julio que “los bienes han causado abandono en favor del gobierno federal”, debido a que nadie reclamó los recursos, se pronunció por tener derechos sobre ellos o acreditó su propiedad.

La determinación se publicó ayer en un edicto del Diario Oficial de la Federación.

La ley marca un plazo de 90 días naturales para que el presunto dueño de un bien incautado, o su representante legal, manifieste “lo que a su derecho convenga”.

Si no se cumple el trámite, hay una renuncia tácita al derecho de propiedad (en este caso del dinero), sin que se haga necesario realizar un juicio en el que Zhenli Ye Gon sea declarado culpable de los delitos por los que está acusado.

El abogado de Ye Gon en México, Rogelio de la Garza González, anunció que promoverá un amparo contra esa decisión.

Dijo que el pasado 10 de julio entregó un documento en la Subprocuraduría de Investigación Especializada en Delincuencia Organizada (SIEDO) para hacer constar que los recursos son propiedad de su cliente y no tienen un origen ilegal.

Al respecto, la PGR afirmó que el plazo para reclamar los bienes expiró el 8 de julio. De la Garza comentó que la medida es inconstitucional, pues no hubo un juicio para despojar de los bienes a su cliente.

La Secretaría de Hacienda iniciará hoy los trámites para disponer del dinero, que se repartirá en tres partes iguales: al sector salud, para prevención de adicciones, al Poder Judicial de la Federación y a la PGR.

La Procuraduría dio a conocer también que investiga la presunta participación de agentes federales en una supuesta red de protección a Ye Gon, para que realizara operaciones ilícitas, así como la supuesta implicación de estos servidores en hechos de extorsión en su contra.

La pesquisa se inició, luego de declaraciones hechas por Ye Gon a una agencia de noticias, de las que se desprenden hechos que pudieran ser constitutivos de delitos y que implicarían a personal de la PGR.