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Arresto de “El Ponchis” exhibe vacíos legales

La disputa de los cárteles del narcotráfico por el dominio del territorio morelense no sólo ha causado la muerte de 16 menores de edad en lo que va del año, sino que ha expuesto una realidad que genera alarma social: reclutamiento de niños y adolescentes
Arresto de “El Ponchis” exhibe vacíos legales

NIÑO SICARIO DESNUDA DRAMA SOCIAL El reclutamiento de niños y adolescentes por el crimen organizado es un problema que ha causado alarma social. (Foto: AP )

Sábado 04 de diciembre de 2010 Justino Miranda Corresponsal | El Universal
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CUERNAVACA
La disputa de los cárteles del narcotráfico por el dominio del territorio morelense no sólo ha causado la muerte de 16 menores de edad en lo que va del año, sino que ha expuesto una realidad que genera alarma social: reclutamiento de niños y adolescentes por organizaciones del crimen organizado.

Su incursión en grupos delictivos repuntó a tal grado que la Fiscalía Especializada en Justicia para Adolescentes ha procesado 75 jóvenes, 53 de ellos vinculados a delitos contra la salud, narcomenudeo y posesión de sicotrópicos, y los restantes por portación de arma prohibida y de uso exclusivo del Ejército.

Para la magistrada del Tribunal Unitario de Justicia para Adolescentes (TUJA) en Morelos, Ana Virina Pérez Güemes y Ocampo, el tema es de alta preocupación, ya que los patrones de origen cada vez son más uniformes en los adolescentes procesados.

Se trata de menores que proviene de familias disfuncionales o parentales, en las que sólo un adulto lleva la manutención, son de escasos recursos y de estudios primarios, en su mayoría.
“Esas condiciones han provocado un alza en la incidencia delictiva de jóvenes de 12 a 18 años”. Las cifras del TUJA revelan que de cuatro jóvenes procesados por delitos contra la salud en 2008, la cifra pasó a 15 en 2009 y 44 en 2010.

La sicóloga del TUJA, Lizette Jasso Velázquez, quien da seguimiento a los jóvenes procesados y liberados, dijo que el grueso de los adolescentes vinculados a proceso no tienen guía y crecen con sentimiento de abandono, por lo que buscan un sentido de pertenencia en la calle.

“Lo más atractivo para ellos es creer que alguien puede tener poder, por eso es que imitan desde artistas hasta jefes del narcotráfico, porque es una imagen conveniente. Hay quienes dicen ‘quiero que hablen de mí en las narcomantas’ por la atención que tienen los capos del narcotráfico en ese tipo de mensajes”.

Proponen revisar legislación

Para el fiscal especializado en justicia para adolescentes, José Manuel Serrano, el caso de Édgar “N”, El Ponchis, un menor de 14 años que saltó a la fama por la divulgación de videos en internet donde tortura y degüella a rivales del cártel de los Beltrán Leyva, entra en el cuadro social descrito por la sicóloga del TUJA.

Con esa referencia, la magistrada del TUJA en Morelos, Ana Virina Pérez Güemes y Ocampo, considera que es necesario revisar la legislación en la materia para “estudiar si debemos aumentar las sanciones para delitos graves, porque no hay diferencias en un tipo penal; el procedimiento es casi el mismo, lo único que cambia es la sanción”.

De acuerdo con el nuevo Sistema de Justicia Penal Adversarial, que entró en vigor en la capital de Morelos en 2008, la sanción máxima para los adolescentes con edades de 14 a 16 años es de tres años de cárcel, y para quienes superan los 16 y antes de los 18 su sentencia es de cinco años, cualquiera que sea el delito o la conducta antisocial cometida.

Esta característica legal, explica la magistrada, atiende a los tratados internacionales en el sentido de que un joven hasta los 18 años está en proceso de desarrollo físico e intelectual, y todavía no alcanza la plena madurez y eso supone que no se puede responsabilizar de un acto antisocial igual que un adulto.

En el caso de un adulto vinculado a proceso por el delito de homicidio simple puede ser sancionado de ocho a 15 años de cárcel, y si aumentan las agravantes en la acción del delito puede alcanzar hasta los 40 años de prisión, explica a su vez el ex presidente de la Barra de Abogados del Estado de Morelos, Carlos de la Rosa Segura.

Según la magistrada Pérez Güemes y Ocampo, una de las bondades que ofrece el nuevo sistema de justicia es que las declaraciones que rinde el adolescente ante los policías, militares o cualquier fuerza pública, carecen de validez para el juez. “Podemos leer las declaraciones ante el MP o la policía que los detiene y darnos cuenta de lo que narran, pero esas valoraciones no son válidas en el juicio oral, sólo las que el imputado pida manifestar ante el juez”.

Análisis de “El Ponchis”

El debate legal sobre la aplicación de un nuevo sistema de juicios orales para adolescentes y adultos fue provocado por la detención de El Ponchis, integrante de una familia disfuncional residente en el municipio de Jiutepec, zona conurbada de Cuernavaca, cuya búsqueda por parte de las fuerzas castrenses inició en el pasado mes de septiembre cuando se conocieron videos y fotografías difundidas a través de internet.

Las imágenes muestran al menor golpeando a un sujeto que pende de una cuerda, y después aparece degollando a un hombre vendado.

Luego se muestra una fotografía de grupo, cuyos integrantes portan armas de grueso calibre y se cubren el rostro con pasamontañas. Paulatinamente han sido detenidos en operativos de la 24 zona militar y la mayoría ha señalado como jefe del grupo a un hombre al que identifican como Julio de Jesús Radilla Hernández o Julio Jesús Padilla Hernández, El Negro, ubicado por las fuerzas castrenses como el nuevo líder del Cártel del Pacífico Sur (CPS), una célula del cártel de los Beltrán Leyva en Morelos, y que se encuentra prófugo.

El Ponchis fue detenido la noche del jueves en el aeropuerto internacional de Morelos, Mariano Matamoros, cuando se disponía a abordar un avión que lo llevaría a la ciudad fronteriza de Tijuana, para luego trasladarse hacia San Diego, California, donde —dijo— reside su madrastra, a la que llama mamá.

PGR atraerá el caso

El gobierno estatal dijo que el menor llevaba su acta de nacimiento que lo acredita como ciudadano estadounidense y le acompañaban dos de sus hermanas. Una de ellas, de 19 años, tenía boleto de salida, la otra sólo los llevó a la terminal aérea, se informó.

Los tres fueron detenidos y puestos a disposición de la delegación federal de la Procuraduría General de la República.

El gobernador de Morelos, Marco Adame Castillo, expresó que el caso de Édgar “N” es excepcional por los hechos actuados y confesados ante el Ministerio Público Federal, por lo que pidió a la PGR atraer el caso.

Instruyó al secretario de Gobierno, Óscar Hernández Benítez, que solicite el estatus migratorio del menor.

El fiscal morelense, Pedro Benítez Vélez, sostuvo que Édgar “N” puede ser juzgado por el Ministerio Público con base a la Ley para el Tratamiento de Menores Infractores.

 

 



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