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La revelación del presidente de Ecuador, Rafael Correa, acerca de la existencia de un nuevo testigo —de nacionalidad hondureña— de la matanza de 72 migrantes en Tamaulipas causó el enojo del gobierno de Honduras y lo obligó a reconocer la existencia del sobreviviente del ataque, a quien había mantenido en reserva por razones de seguridad, ya que sus testimonios son clave en las investigaciones.

La noche del martes, Correa declaró a medios de Ecuador que además del inmigrante ecuatoriano que hasta el momento se registraba como único superviviente de la masacre también había sobrevivido un hondureño, y que se encontraba bajo protección del gobierno de México.

Ayer, el canciller de Honduras, Mario Canahuati, dijo que fue una “irresponsabilidad” de Rafael Correa haber revelado la existencia del hondureño.

“Lamentamos la irresponsabilidad con la que esta noticia salió al aire, particularmente porque un alto dignatario debería de darse cuenta cuándo debe hablar, cuándo debe ser prudente y cuándo sus palabras ponen en riesgo la vida de las personas”, comentó el diplomático a periodistas.

Confirmó que “desde un principio” su gobierno sabía que el hondureño había sobrevivido y explicó que no se difundió la noticia para proteger su vida.

“La información la tenemos desde un principio. Hemos estado haciendo todo lo posible por protegerlo, hemos tenido comunicación permanente con él.

“Lamentablemente tuvimos que escucharla [la noticia] por parte de un presidente, lo cual nos sorprende considerablemente”, comentó Canahuati.

El gobierno del presidente Correa dijo que las declaraciones del canciller de Honduras eran “inaceptables”.

Sólo altos funcionarios sabían del caso

Una vez que Correa reveló la información que México y Ecuador mantenían bajo reserva, la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) y la Procuraduría General de la República (PGR) tuvieron que confirmar la existencia del sobreviviente y testigo.

Ambas dependencias informaron en un comunicado conjunto que “el testigo ha aportado información relevante para la identificación de la ejecución masiva de indocumentados, y ya ha tenido contacto con las autoridades de su país”.

Julián Ventura, subsecretario para América del Norte de la Cancillería, comentó que México está tomando las medidas necesarias para garantizar la seguridad de la víctima, de quien se desconoce el estatus migratorio. Autoridades de la dependencia explicaron que en estos casos se extiende una visa humanitaria para que el testigo permanezca legalmente en territorio nacional mientras siguen las investigaciones.

Los gobiernos de Honduras y México habían acordado mantener como confidencial la existencia del testigo, para impedir una situación de vulnerabilidad y que Los Zetas —grupo criminal al que se le atribuye la ejecución de los indocumentados latinos— pretendan actuar en su contra.

Carolina Pineda, encargada de negocios de la embajada de Honduras en México, vía telefónica afirmó que los funcionarios de la representación desconocían la existencia de otro testigo, pues el tema se manejó a alto nivel con el vicecanciller Alden Rivera, quien estuvo en México para atender personalmente el caso.

La Cancillería y la PGR dijeron que “desde el primer momento el gobierno de México ha proporcionado protección y resguardo al hondureño con el pleno conocimiento y apoyo de las autoridades de su país, ofreciéndole asimismo las alternativas correspondientes a su estatus migratorio y guardando la máxima reserva posible a fin de garantizar su seguridad”.

El embajador Ventura Valero informó, además, que ninguno de los países de los que eran originarios los migrantes asesinados —Ecuador, Honduras, El Salvador, Guatemala y Brasil— han presentado notas diplomáticas de protesta contra México y descartó versiones de la prensa hondureña de que las autoridades de ese país demandarían al gobierno mexicano para que indemnice a los familiares de las víctimas.

Piden “cautela” a prensa hondureña

Canahuati pidió a la prensa de Honduras manejar la información “con prudencia, con el mayor cuidado posible” , porque se puede “poner en riesgo tanto a la persona como a la familia”, y aclaró que no dará detalles del caso porque, “entre más información [...] más riesgo corre esta persona”.