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WASHINGTON.— Tras haber ganado el primer round contra la ley Arizona, que ayer entró en vigor pero sin las previsiones que permitían arrestar a migrantes por el hecho de no portar documentos y que convertía en delito que un migrante no legal trabajara o pidiera trabajo, la batalla discurría ayer por otros derroteros en Phoenix y otras localidades de Estados Unidos, donde el rostro de la desobediencia civil se multiplicaba frente a edificios federales, cruces de avenidas, puentes, centros de detención y plazas públicas.

Las protestas y manifestaciones dejaron un saldo de al menos 45 detenidos en Phoenix, en la misma jornada en que la gobernadora de Arizona, Jan Brewer, presentó una apelación ante el noveno circuito de apelaciones de San Francisco para que se levante el bloqueo parcial a la ley SB1070. “Hoy he presentado una apelación de urgencia para pedir al tribunal que levante el bloqueo impuesto por la juez (Susan) Bolton contra ciertas provisiones de la SB1070 y que permita que entren en vigor, mientras se deciden los méritos del caso”, dijo Brewer en un comunicado.

Decenas de organizaciones se reunieron ayer en Arizona para celebrar el fallo de la juez Bolton y para advertir que no piensan perder el impulso ganado el miércoles contra quienes quieren implantar un estado de excepción contra la población indocumentada en Estados Unidos. “No vamos a parar hasta que la SB1070 sea completamente derrotada”, aseguró Jorge Mursuli, de la organización Democracia USA y uno de los cientos de líderes que ayer llegaron a Phoenix desde estados como Florida, California, Texas, Nuevo México, Nueva York o Massachusetts.

“El fallo demuestra que la juez Bolton es una activista política. Pero vamos a ver qué pasa en la Suprema Corte, donde estoy seguro que vamos a ganar”, dijo ayer Russel Pearce, el senador estatal de Arizona creador de la SB1070. De acuerdo con el diario Arizona Central, la juez Bolton ha recibido cientos de amenazas de personas que no están de acuerdo con su fallo.

“Es un buen día para ser arrestado”

Arracimados frente a edificios federales o en los cruces de avenidas de Phoenix, al menos 45 activistas, líderes comunitarios y religiosos fueron arrestados ayer por obstaculizar el tráfico de vehículos y personas cerca de la oficina del aguacil de Maricopa, Joe Arpaio, y de la entrada de una cárcel. Entre los detenidos figura el ex senador estatal Alfredo Gutiérrez, quien ingresó junto con un pequeño grupo con el puño en alto en la Corte federal de Phoenix y fue detenido. “Es un buen día para ser arrestado”, dijo.

Un testigo indicó a Reuters que vio a la Policía antidisturbios deteniendo a los manifestantes, incluida una ministra religiosa de avanzada edad. Los manifestantes no ofrecieron resistencia y la policía los llevó con esposas de plástico.

De tal suerte, el alguacil de Maricopa cumplió su advertencia. De los casi 50 detenidos 20 fueron arrestados cuando realizaban una cadena humana en protesta por la entrada en vigor de la ley antiinmigrante SB1070.

Alejandro Arturo Chávez Ruiz, presidente de Clubes Unidos de Mexicanos en el Valle de Arizona y del Grupo Amigo, aseguró en entrevista vía telefónica con EL UNIVERSAL, que en esa ciudad se está viviendo un ambiente de intimidación y de zozobra. Relató cómo Arpaio y sus agentes detuvieron a activistas que protestaban afuera de la cárcel de Madison argumentando que incurrieron en el delito de desobediencia civil.

Chávez Ruiz denunció que tras las detenciones, las autoridades locales se negaron a reportar la situación de los compañeros y no se sabía si entre ellos hay algún indocumentado, lo que pudiera agravar su situación jurídica.

Con plantones desde puentes, parques y hasta desde lo alto de grúas de la construcción, grupos de jóvenes hicieron acto de presencia con pancartas contra la ley SB1070 para dejar constancia de una lucha que el miércoles marcó una primera e importante victoria para el gobierno de Barack Obama y para un ejército de organizaciones defensoras de los derechos civiles. “El fallo no ha sido un pequeño escollo (como dijo la gobernadora Brewer), sino un choque frontal contra la Constitución”, opinó ayer el gobernador de Nuevo México, Bill Richardson, al elogiar una resolución judicial “impecable” que sólo ha puesto las cosas en su lugar.

Decenas de manifestantes se sumaron ayer a los grupos de voluntarios para registrar nuevos votantes en Arizona, con la consigna de pasar factura a aquellos políticos que han hecho de la causa antiinmigrante su principal reclamo de campaña para mantenerse en el poder. “No olvidaremos en noviembre”, se leía en la pancarta que encabezó ayer una de las marchas contra la legislación, en un acto que anticipa la revancha de muchos hispanos durante las elecciones intermedias de noviembre. (Con información de Silvia Otero y Agencias)