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Narcoguerra rebasa a la reforma judicial

Casi una centena de agentes caídos y más de veinte abogados asesinados le ha cobrado la mafia al sistema penal
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Casos fallidos evidencian debilidad del sistema judicial.
Los múltiples errores en las investigaciones han dejado ver la vulnerabilidad de los órganos de justicia en el país, en una etapa violenta de la guerra contra el narcotráfico

Lunes 19 de julio de 2010 Evangelina Hernández / Enviada | El Universal
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Como una víctima más de la guerra contra el narcotráfico, el nuevo sistema de justicia penal de Chihuahua ha sido fuertemente torpedeado en su estructura. Más de cien de sus operadores estratégicos han caído por las balas del crimen organizado lo que ha impedido que, en estos tres años de aplicación, se logre el objetivo para el cual fue diseñado: abatir la impunidad en el estado.

Sicarios de diversas organizaciones criminales han eliminado de 2008 a la fecha a 98 elementos de la Procuraduría General de Justicia (PGJ), entre ellos policías investigadores, agentes del ministerio público y peritos especializados, además de 21 abogados. Todos ellos recibieron capacitación para aplicar, en el terreno de los hechos, las reformas judiciales que le iban a dar un giro de 180 grados al sistema de procuración de justicia de Chihuahua.

Un año duró “la luna de miel”, porque en enero de 2008 inició una escalada de violencia en el estado, que ha abonado la mayor parte de los 24 mil muertos que se contabilizan en el país por la guerra entre los cárteles de droga y del gobierno federal contra ellos.

Chihuahua es el primer estado del país en aplicar este sistema. En diciembre de 2008 se aprobó la reconfiguración, a nivel nacional, del sistema de justicia, el cual transitará del tradicional inquisitorio al acusatorio que consiste en introducir el desahogo de casos a través de juicios orales y mediante procesos simplificados, en los que un juez conducirá las audiencias y presenciará la presentación de pruebas y alegatos de las partes implicadas.

El estado de Chihuahua se consideró como el laboratorio de la transición del sistema. Su experiencia serviría de ejemplo a los otros estados, que por ley tendrán que operar bajo ese régimen antes de 2015, pero la llamada guerra con los cárteles de la droga ha “hecho imposible que le mostremos a la ciudadanía las bondades del sistema”, advierte Patricia Martínez Ramírez, procuradora General de Justicia en esa entidad.

La encargada de la procuración de justicia lamenta la coincidencia entre la entrada en vigor del sistema y la crisis de violencia que se vive en el estado, y reconoce que “tanto crimen nos está colapsando el trabajo”.

Explica en entrevista que fue necesario enfocarse en los homicidios que tienen una línea de investigación, en los que existe alguna hipótesis. “Los demás los ponemos en archivo temporal, que es imprescriptible según la ley vigente en el estado, y lo reactivamos hasta que surge un nuevo indicio”.

La funcionaria agrega que son tantos las asesinatos que se cometen en Chihuahua que “sería imposible investigarlos todos por eso no le quitamos el tiempo a los fiscales con todos los casos”.

A su diagnóstico se suma la opinión del propio gobernador de la entidad, Fernando Reyes Baeza, quien acepta que el sistema penal acusatorio, al cual se le han invertido más de mil 600 millones de pesos, ha sido “víctima” del crimen organizado.

Ante la contundencia de los hechos reconoce que “la reforma coincidió con una coyuntura de violencia que puso en riesgo la certidumbre y la viabilidad del sistema de justicia”.

Objetivos a medias

Así, la ola de violencia que se ha agudizado en Chihuahua, que ya alcanzó a la capital del estado y se ha incrementado de forma exponencial en Ciudad Juárez, fracturó el esquema de lo planteado como el inicio del abatimiento de la corrupción en los órganos de procuración de justicia, además de la gradual reducción de los niveles de impunidad y la despresurización de un sistema colapsado por todos los costados.

Mario Trevizo, uno de los impulsores de la reforma penal en esa entidad, especialista en derecho constitucional y ex director de Estudios Penales y Forenses de la procuraduría del estado, asegura que actualmente el sistema opera con personal nuevo y poco capacitado, principalmente en el área de investigación de los delitos, unos de los tres ejes que sostienen la norma jurídica.

“La capacitación de los operadores del sistema, desde la investigación, persecución y administración de justicia fue de alto nivel. Vino gente de varios países a dar cursos y talleres, desgraciadamente, por las amenazas cumplidas del crimen organizado, muchos de ellos murieron en el cumplimiento de su deber, otros se fueron por miedo y, la menor parte, cedió ante las presiones de los narcotraficantes”.

Muchos de los policías que han sido asesinados, advierte Trevizo, eran muy buenos elementos pero estorbaban a los intereses de los actores de esta guerra y por eso los mataron. “Es tal el número de bajas que la procuraduría tiene que reclutar gente todo el año, elementos menos capacitados y sin vocación policiaca son los que están realizando el trabajo, lo que representa un constante gasto de recursos y no garantiza la consolidación del esquema”.

En su opinión, las carencias técnicas y científicas en las investigaciones pueden provocar el colapso del sistema. Pero, acepta, es imposible que se obtengan buenos resultados cuando los agentes que realizan las indagatorias son constantemente amenazados, corrompidos o asesinados.

Bajas de operadores coyunturales

Entre los agentes ministeriales, policías, abogados y peritos asesinados había operadores coyunturales de la reforma. Su labor era agilizar el 90 por ciento de los casos, que constituyen el universo de los delitos más comunes, como patrimoniales, robos y asaltos, para dejar espacio y tiempo a ilícitos de alto impacto, como el narcotráfico, el secuestro, la trata de personas, la extorsión y el lavado de dinero.

En los dos últimos años, 13 funcionarios cercanos a la procuradora del estado han sido asesinados. Los abogados y los agentes ministeriales llevaban, al momento de ser asesinados, la investigación o la defensa de casos que implicaban la liberación o encarcelamiento de algún integrante de la delincuencia organizada.

Óscar Acosta, presidente de la Barra de Abogados de Ciudad Juárez, considera que los crímenes contra abogados fueron cometidos por miembros de las bandas rivales de sus defendidos. “Los litigantes estamos trabajando en condiciones de guerra, el sistema no estaba planeado para esta crisis, por eso hay partes en las que se está colapsando, principalmente en la procuración de justicia”.

Buen inicio

El sistema empezó funcionando correctamente, dicen quienes lo diseñaron y lo pusieron en práctica hace tres años. En 2007 se cosecharon los primeros resultados en la capital del estado y el plan era que 2008 fuera el año de la consolidación.

Pero la reforma no fue pensada para operar en un esquema de guerra y ahí fue cuando se acabó la luna de miel y comenzó la prueba de fuego, admiten sus impulsores.

Rodolfo Acosta Muñoz, presidente del Tribunal Superior de Justicia de Chihuahua, explica que se equivocan quienes piensan que la impunidad en el estado fue provocada por el nuevo sistema de justicia penal.

“Grave error. El nuevo sistema, en estados donde no hay tanta violencia como aquí, hubiera funcionado de maravilla, pero en las condiciones que estamos viviendo, cualquiera habría fracasado”, asegura Acosta Muñoz, quien defiende la operación del sistema.

Fuego cruzado

Si bien, los asesinatos contra funcionarios han hecho mella en el sistema, en el seno de las estructuras de justicia afloran las contradicciones y las posturas que ubican al otro como responsable de los atrasos del nuevo esquema.

Pese a las presiones y desajustes que vive el nuevo esquema en la entidad, la procuradora de Chihuahua sostiene que “las fallas radican en el Poder Judicial porque es muy conservador… se resisten al cambio, algunos tienen una cultura muy inquisitiva”.

Desde su oficina en la capital del estado, reclama: “Con los jueces y los magistrados batallamos horrores, ellos no quieren cambiar. Hemos luchado mucho para que se establezca un centro que verifique que se cumplan las medidas cautelares, esa es tarea del Poder Judicial”.

Patricia González reconoce que al interior de la procuraduría también se han presentado reticencias para realizar el cambio cultural del sistema inquisitorio al acusatorio. “Los policías son los que más se resistieron al cambio”.

El sistema penal acusatorio en Chihuahua todavía tiene que madurar, dice la funcionaria. “Ser fiscales es una cuestión de convicción pero tenemos algunos que sólo quieren conservar un trabajo. En estos dos años y medio hemos tenido un intenso trabajo en la investigación, asociados a delincuencia organizada y se ha perdido un poco la mística de vigilar la capacitación de los ministerios públicos. Pero así como hay algunos limitados en la argumentación tenemos algunos buenísimos”.

En cuanto a los lastres provenientes del sistema inquisitorio y las debilidades como la corrupción, Acosta Muñoz opina que estos esquemas se siguen replicando por la “descomposición que existe entre los cuerpos policiacos”.

“El Poder Judicial no es el responsable de la impunidad. Los jueces no tenemos en nuestras manos la persecución del delito, eso le corresponde al ejecutivo pero la corrupción que hay en todos los niveles de la policía limita la impartición de justicia”.

Rafael Acosta Muñoz asegura que para evitar que el sistema fracase es necesario que haya armonía y coordinación entre “los ministerios públicos, los policías investigadores y los defensores (públicos o privados), pero los más importantes es que todos están debidamente capacitados”.

Oscar Acosta, de la Barra de Abogados de Ciudad Juárez, considera que “la pata más débil de la mesa en el nuevo esquema penal es el ministerio público, por falta de capacitación.”

El abogado penalista insiste en que las fallas no son del sistema, sino de los operadores que actúan bajo las inercias del pasado.

Las reformas de la reforma

Desde otra perspectiva, la juez de Garantías de Ciudad Juárez, Anabel Chumacero, señala que alrededor del sistema se han creado mitos que la “sociedad nos reprocha, pero que en la realidad no son ciertos”.

Por ejemplo, dice, este no es un sistema de justicia de puertas giratorias, ni tampoco es verdad que en la mayoría de los procesos los inculpados estén sustraídos de la justicia. En su opinión los señalamientos sobre el “exagerado garantismo” del sistema son falsos.

Chumacero advierte que en efecto se concede “la segunda oportunidad” a los infractores sin antecedentes penales, pero “sólo una”.

Explica que los problemas que han enfrentado estos tres años son de operatividad, no de diseño.

La juez de Garantías critica la oleada de reformas que se han hecho a la legislación del nuevo sistema de justicia penal, “le han hecho tantas modificaciones que cada vez se parece más al sistema inquisitorio”.

Resume la actual situación del nuevo esquema de justicia penal señalando que “el sistema acusatorio es como una mesa de tres patas. El equilibrio del sistema depende de la capacidad de operar la reforma del Ministerio Público, el defensor público y el juez.

A pesar del clima de violencia creciente en puntos determinados de la entidad, las reformas en materia judicial siguen avanzando, criticadas por unos y defendidas por otros en un contexto que difícilmente permite ver los aspectos positivos de su aplicación.

En estas condiciones se han realizado de 2007 a la fecha 113 modificaciones al Código de Procedimientos Penales de Chihuahua. Tan sólo en enero de 2010 se hicieron 37 reformas.

Por la coyuntura que ha puesto a prueba al sistema, entre funcionarios ejecutados, delincuentes liberados en juicios inmediatos pero sin que haya mecanismos o instancias para darles seguimiento una vez en la calle, y por las insuficiencias para capacitar y actualizar al personal de Ministerios Públicos y agentes ministeriales que son la base del esquema, el diagnóstico resulta contundente y gélido para sus operadores: “El sistema de justicia penal de Chihuahua es una víctima más del crimen organizado”, sentencia Rodolfo Acosta Muñoz, presidente del Supremo Tribunal de Justicia del Estado.



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