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Lunes 28 de junio de 2010 José Guaderrama y Sandra Romandia | El Universal
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Un candidato a legislador local promete más empleo y mejores salarios, otro que busca ser alcalde ofrece regalar 2 mil 500 casas y un aspirante a gobernador asegura que eliminará el pago de tenencia.

Es probable que las propuestas resulten “bondadosas”, pero hay que advertir que difícilmente alguno de ellos podrá cumplirlas. La creación de trabajos y el aumento salarial están fuera de las facultades de un legislador, incluso federal. El priísta Carlos Solís Gómez, de Reynosa, poco o nada podrá hacer desde el Congreso de Tamaulipas para lograrlo.

El panista Anuar Jobi Hage, quien pretende gobernar El Mante, Tamaulipas, deja en claro que su promesa de vivienda gratuita depende de otra promesa que según él le hizo Felipe Calderón, pues tiene “el compromiso del Presidente de que nos apoyará con 2 mil 500 casas para que empecemos bien (como edil)”.

Por lo que respecta a Oaxaca y el candidato del PRI, Eviel Pérez, la situación es aún más complicada. En su momento, Bernardo Vásquez Colmenares, vocero de la coalición opositora que postula a Gabino Cué, dio a conocer que el actual mandatario, Ulises Ruiz Ortiz, comprometió los ingresos por concepto de tenencia durante los próximos 29 años, pues bursatilizó el gravamen, lo cual imposibilita que su probable sucesor cumpla con lo que ofreció.

“Ha faltado mucho trabajo en las campañas de todos los candidatos, se ha recurrido a las mismas promesas, y los ciudadanos estamos cansados”, afirma Javier Toulet Salas, presidente de Coparmex-Durango.

“Nosotros hemos estado con integrantes de nuestra organización y la gente está desilusionada, muchos dicen que no tiene caso votar y no hallan por quién emitir su sufragio”. Afirma que los candidatos usan el mismo discurso, en lugar de ser más propositivos y por eso la ciudadanía ya no está dispuesta a creerles.

Pero las promesas incumplibles o de “bote pronto” se multiplican en los 15 estados donde habrá elecciones el 4 de julio.

En Aguascalientes, Chihuahua, Durango, Oaxaca, Puebla, Quintana Roo, Sinaloa, Tamaulipas, Tlaxcala, Veracruz y Zacatecas se renovarán gobiernos, Congresos locales y alcaldías. Hidalgo elegirá gobernador y Congreso, mientras que Baja California y Chiapas renovarán sus legislaturas y alcaldías. En Coahuila habrá extraordinarias en tres municipios.

Transición en ciernes

John Ackerman, profesor del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM, dice que la ausencia de propuestas de calidad en materia de políticas públicas, no puede justificarse, pero sí puede explicarse si se toman en cuenta diversos factores.

En el proceso electoral que viene, lo que estará en juego es la transición democrática de México, opina Ackerman, debido a que ésta ha tenido un ritmo diferente en los estados en comparación con el plano nacional.

“No hay instituciones confiables, tampoco la pluralidad necesaria, fortaleza institucional, combate a la corrupción, de ahí que el tema dominante sea la transición política y la pluralidad. Ahí tienen su origen las alianzas del PRD y PAN o el PT, dependiendo cada estado”.

El Centro de Estudios Espinosas Yglesias desarrolló recientemente un ejercicio de evaluación de las plataformas electorales en los estados de Hidalgo y Puebla.

Investigadores, politólogos y expertos de las más diversas áreas analizaron el listado de acciones que proponen los candidatos las gubernaturas: Xóchitl Gálvez (PAN-PT-PRD-Convergencia), Francisco Olvera (PRI-Panal-PVEM), así como Rafael Moreno Valle (PAN, PRD, Partido Alianza y Convergencia) y Javier López Zavala (PRI-PVEM).

Irma Méndez, investigadora de la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales (Flacso) sede México, y una de los participantes en el estudio, afirma que se pudo constatar que “no tenemos candidatos preparados para gobernar con políticas públicas”.

Agrega que las plataformas abordan los temas de manera muy general, y que son documentos que conjuntan “propuestas inconexas, sin ningún sustento, carentes de diagnósticos sobre la problemática que existe en los estados de Hidalgo y Puebla”.

Ackerman dice que ha faltado desarrollar propuestas innovadoras en cuanto a política económica, social o de desarrollo, algo de lo cual puede culparse a candidatos y partidos, pero también al diseño del sistema electoral del país que no promueve debates de fondo, y sí incentiva que la discusión privilegie los asuntos generales.

“Pero hay temas que sí están pesando, por llamarles de alguna forma sobre los valores de la cultura política, como el aborto, los derechos de las mujeres, los matrimonios gay. Ahí está Hidalgo, donde la candidata Xóchitl Gálvez ha adoptado esa agenda, y llama la atención que sea un aspirante de origen panista la que aborde esos rubros”.

¿Falta de compromiso?

Mientras el proceso de transición no camine, dice Ackerman, la debilidad institucional y la frágil pluralidad política, serán un obstáculo para llegar al “engranaje más fino. En la mayor parte de los estados no hay condiciones básicas, incluso el PRI lo reconoce, porque no propone continuidad, sino mejorar lo que ya existe”.

Irma Méndez da una lectura diferente a que los priístas ofrezcan sólo mejorar o perfeccionar lo que los gobiernos de su partido han hecho en determinadas entidades, como en el caso de Francisco Olvera en Hidalgo.

“Pareciera que todo está perfecto, que todo lo necesario es perfeccionar, mejorar, cuando la situación es bastante crítica. En su plataforma sólo se dice que se fortalecerán mecanismos de participación democrática, pero no hay detalles de cómo, lo cual implica que existen cero compromisos”. Para ella, el que no exista una claridad instrumental de cómo se llegará a gobernar, hacia dónde se moverían, debe preocupar “pues al momento de gobernar la consecuencia es que la realidad que vivimos actualmente no cambie un ápice, si sólo hay propuestas inconexas, ocurrencias”.

Pero las críticas van más allá. Los que quieren gobernar ponen en su “canasta de campaña” acciones que por ley están obligados a cumplir mínimamente, como el proporcionar seguridad o servicios públicos de alumbrado, agua o la rendición de cuentas.

La candidata del PAN a la gubernatura de Quintana Roo, Alicia Ricalde, asegura que no negociará con los cárteles del narcotráfico, mientras Lorena Martínez, quien aspira a ser alcaldesa de Aguascalientes por parte de Aliados por tu Bienestar (PRI, PVEM, Panal), considera que la seguridad debe ser prioridad.

 

Víctor Quintana, diputado federal por el PRD, dice que es muy “tramposo” el que los candidatos ofrezcan mejorar la seguridad en los estados convulsionados por la violencia, algo que de entrada es una obligación. “Las campañas se convirtieron en la feria de las vacuidades, donde los contendientes oscilan sus discursos entre el silencio ante las cuestiones difíciles o la promesa compañera de yo sí lo voy a resolver”.

Qué hacer

Ackerman señala que debería debatirse la posibilidad de legislar para que los institutos electorales obliguen a los candidatos no sólo a registrar propuestas, sino a que establezcan determinada obligación de cumplimiento.

Afirma que en Chiapas la ley establece una especie de juicio para el gobernante que prometió algo y no lo cumplió, aunque reconoce que no se ha aplicado.

“Pero al margen de que los institutos establezcan algunas normas al respecto, es claro que debe existir mucha más evaluación de la sociedad civil, que debe ser una obligación de periodistas, organizaciones no gubernamentales, investigadores, exigir una mayor calidad por parte de quienes quieren gobernarnos”.

Para Méndez, la inexistencia de planteamientos que reflejen que los candidatos conocen qué requieren los ciudadanos, es simplemente una muestra clara de que no hubo diagnósticos previos. “Eso implica que la ciudadanía tiene que reclamar con mayor fuerza y claridad compromisos de los políticos, pero también mayor preparación, de lo contrario, ellos siempre van a gobernar como Dios les da a entender”.