El número de agresiones contra periodistas y medios de comunicación llegó a 244 en 2009, y de esa cifra 65% de los presuntos autores materiales fueron identificados como funcionarios y 6% como criminales, dice el Informe 2009 de Artículo 19 y Cencos sobre libertad de expresión en México.

De acuerdo con el reporte, uno de los rasgos más alarmantes en 2009 es la impunidad en la mayoría de las agresiones registradas, así como el crecimiento de las violaciones a los derechos humanos imputadas a las fuerzas de seguridad pública y armadas, principalmente en perjuicio de comunicadores que dan cobertura a operativos y actuaciones de la lucha contra el narcotráfico.

El documento “Entre la violencia y la indiferencia: informe de agresiones contra la libertad de expresión en México”, establece que el año pasado fueron asesinados 11 periodistas, mientras que la mayoría de las víctimas de los ataques se concentra en trabajadores de medios impresos con cobertura local o estatal, de género masculino.

Geográficamente, la mayor cantidad de agresiones registradas se dieron en Oaxaca, Veracruz y Chihuahua, aunque por el grado de violencia destacan los estados de Durango, Sinaloa, Guerrero y Michoacán.

Las organizaciones afirman en su informe que los homicidios y desapariciones de periodistas son un claro indicador de debilitamiento democrático.

Reportan que mientras en el sexenio de Vicente Fox (2000-2006) ocurrieron 25 crímenes de periodistas, sólo en los tres primeros años de la administración de Felipe Calderón (2006-2009) suman 22 los asesinatos. Y que además, con la desaparición de la primera mujer, se eleva a nueve el total de periodistas desaparecidos desde el año 2000.

Presuntos agresores

El informe establece que de las 244 agresiones registradas, 109 fueron físicas o materiales y 47 amenazas, y en cuanto a los presuntos responsables de la agresión, 65%.7% fueron identificados como funcionarios públicos, 7.79% como partidos políticos y sólo 6.15% como delincuentes.

Al desglosar los casos de funcionarios públicos, 40.63% de ellos corresponden a servidores públicos y personas con cargos de elección popular, mientras que 59.38% se atribuyen a fuerzas de seguridad del Estado (Ejército, policías federales, estatales y municipales, tanto preventivas como ministeriales, y corporaciones privadas contratadas por el gobierno).

De los 160 ataques atribuidos a funcionarios, según el informe, 45 fueron del orden federal, 28.13%; 58 del estatal, 36.25% y 57 del municipal, 35.63%.

El reporte consigna que del total de agresiones, 83.61% se perpetraron contra periodistas, y 10.66% contra medios de comunicación. Del total de los agredidos, 25.3% fueron mujeres.

El 75% de los ataques se llevaron a cabo contra medios impresos, 10.25% contra radiodifusoras y 8.20% contra televisoras; 57.72% eran de cobertura estatal, 20.73% nacional, 17.48% local y 0.81% internacional.

La respuesta del Estado

Geográficamente, Oaxaca, Veracruz y Chihuahua, son los estados con mayor cantidad de agresiones, con 30, 28 y 20 respectivamente. No obstante, el mayor número de homicidios se registran en Durango con tres y Guerrero con dos.

Creada en 2006 como respuesta a la comunidad internacional frente el incremento de ataques contra la libertad de expresión, la Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos cometidos contra Periodistas (FEADP), “su logro ha sido sortear la manera de justificar su existencia sin haber dado resultados frente al problema”.

A cuatro años de su establecimiento, el desempeño de la Fiscalía se reduce en promedio a la consignación de un caso por año. “La ineficacia de la FEADP se comprueba con el incumplimiento de la institución de ser de utilidad real para llevar a los responsables de las agresiones ante la justicia”.

El reporte afirma que en primer lugar, la designación y remoción del titular de la Fiscalía están sujetas a la discrecionalidad del procurador; se encuentra supeditada a otra unidad administrativa, en este caso a la Subprocuraduría de Derechos Humanos, Atención a Víctimas y Servicios a la Comunidad, y depende de la disponibilidad presupuestal de la Procuraduría General de la República (PGR).

“Más allá de la falta de claridad (en informes de la Fiscalía) que imposibilita la efectiva rendición de cuentas, sobresale el hecho de la desproporcionalidad en el número de agresiones registradas por Artículo 19 y Cencos en el 2009, contra sólo 16 casos “ingresados” por la Fiscalía para su atención en el mismo periodo”.

Desde la perspectiva de las organizaciones, el Poder Legislativo no ha avanzado en legislar en la materia para generar condiciones de prevención y atención adecuada de este tipo de agresiones contra comunicadores.

Medios y protección

En cuanto a las acciones tomadas por los medios de comunicación para salvaguardar la integridad de sus trabajadores, el informe establece que en un muestreo entre empleados de 15 empresas dedicadas a la difusión y comunicación se pudo constatar la ausencia de una cultura de prevención: “Los incidentes de seguridad así como otros medios de censura directa que prevalecen en el país son atendidos como hechos extraordinarios”.

De los entrevistados, 81.25% consideró que en su zona geográfica existe riesgos graves para el ejercicio del periodismo; 68.75% dijo que algún compañero fue víctima de alguna agresión o amenaza.

Otro 68.75% de los encuestados respondió que no se habían adoptado medidas de seguridad para el personal amenazado.

Sobre los recursos que proporciona la empresa de comunicación para la seguridad de los trabajadores, 43.74% dijo que no existen recursos destinados para ello; 31.25% que se adoptó la medida de publicar información o fotos sin firma y en 12.5% de los casos se resolvió hacer un cambio de fuentes.