Hace cuatro meses la indígena maya Ysuri Zac Nicté Pol estaba embarazada. Hacía el aseo de su casa y cuidaba a sus dos hijos menores de cinco años. Ahora, esta mujer de 22, enfrenta un proceso penal por aborto y homicidio culposo.

Su declaración ministerial señala que el 17 de octubre pasado, mientras cargaba algunos muebles para modificar su ubicación, sintió un fuerte dolor. Luego observó una hemorragia que la obligó a trasladarse a los servicios de urgencias del hospital municipal en Felipe Carrillo Puerto, Quintana Roo.

El sangrado fue producto de un aborto espontáneo, dice ella, pero aún así los médicos dieron aviso al Ministerio Público y, en cuanto fue dada de alta, las autoridades iniciaron una averiguación previa en su contra por homicidio.

Unos días después el Ministerio Público detuvo a Ysuri Zac Nicté Pol, le dictó auto de formal prisión y, ahora, esta indígena originaria del poblado de Los Sabidos está presa en el Centro de Readaptación Social de Chetumal.

El comienzo de la historia

En abril de 2009, el Congreso de Quintana Roo aprobó una ley local “para proteger la vida desde la concepción”. En total, 18 estados de la República han hecho modificaciones legales similares.

La ola de “leyes estatales pro vida” motivó que el congreso de Veracruz enviara a la Cámara de Diputados una iniciativa para que la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos también establezca la defensa de la vida desde la concepción.

La diputada Luz María Beristain Navarrete, presidenta de la Comisión de Derechos Humanos del Congreso de Quintana Roo, considera que el encarcelamiento de Ysuri Zac es consecuencia de esas reformas.

La Red por los Derechos Sexuales y Reproductivos en México asegura que desde el 23 de octubre del 2008 que comenzó a registrarse esta serie de reformas en los estados –tras la aprobación de la ley en el DF que permite el aborto en las primeras doce semanas de gestación-, las mujeres que abortan son criminalizadas y perseguidas por las autoridades de justicia “por ejercer su derecho a decidir sobre su propio cuerpo”.

Según datos de la misma Red por los Derechos Sexuales, en Veracruz hay al menos 8 mujeres en la cárcel por abortar; en Puebla, 30 y en Guanajuato, 20.

Las recientes reformas

La más reciente modificación a la Constitución se hizo el 17 de noviembre del año pasado en Veracruz. Su congreso, con 39 votos a favor, seis en contra y cero abstenciones, reformó el artículo cuarto constitucional en el que se establece “la defensa de la vida desde la concepción y hasta la muerte natural”.

La exposición de motivos de la iniciativa de reforma refiere que “si bien el hombre posee derechos naturales como el derecho a la vida, la libertad y a la salud, entre otros, es necesario que los gobiernos consagren las garantías individuales dentro de sus ordenamientos jurídicos a fin de darles eficacia y dotarles de medios procesales adecuados para evitar o restaurar las violaciones que se cometen en su contra”.

El mencionado documento agrega: “Resulta contradictorio desde el plano jurídico que el Código Civil le otorgue derechos y obligaciones al no nacido y que el máximo ordenamiento como es la Constitución no garantice el derecho a la vida de las personas desde su concepción, cuando otras leyes otorgan derechos cuyo objeto es reconocer y proteger la vida de los seres humanos”.

Sustentan lo anterior, con que el derecho a la vida está plasmado en el artículo tercero de a Declaración Universal de los Derechos Humanos y el sexto del Pacto Internacional de Derechos Civiles. “Con ello se demuestra que diversos ordenamientos nacionales como extranjeros protegen la vida desde la concepción, por lo que la Constitución Política Mexicana y la Constitución de Veracruz presentan un rezago en la materia”.

Vulneran el Estado laico

Con ese mismo argumento y tras aprobarse la reforma en la mayor parte de las entidades del país, el congreso de Veracruz envió una iniciativa “para proteger la vida desde la concepción” a la Cámara de Diputados, la cual fue turnada a la Comisión de Puntos Constitucionales.

Elsa Conde, ex diputada federal e integrante del Pacto Nacional por la Vida, la Libertad y los Derechos de las Mujeres, manifestó que de avanzar esta reforma a la Constitución se estaría vulnerando el carácter laico del Estado mexicano.

Dichas reformas se han aprobado en Baja California, Campeche, Chiapas, Chihuahua, Colima, Durango, Guanajuato, Jalisco, Morelos, Nayarit, Oaxaca, Puebla, Querétaro, Quintana Roo, San Luis Potosí, Sonora, Veracruz y Yucatán, en cuyos casos prevaleció el voto mayoritario del PAN y el PRI, aunque también del PRD en el caso de Chiapas.

“En esas entidades las mujeres son ahora tratadas de manera desigual, ya que en vez de brindar ayuda a las que buscan interrumpir sus embarazos en condiciones que garanticen su salud y su vida, el gobierno las castiga incluso con la cárcel, como si se tratara de delincuentes”, reiteró Elsa Conde.

Las discusiones en su esplendor

El presidente de la Comisión de Puntos Constitucionales de la Cámara de Diputados, Juventino Castro, del PRD, consideró que “hay fuerzas poderosas y un grupo de las Iglesias que se están oponiendo a los avances”, pero aseguró que su partido votará en contra de esa iniciativa a nivel federal porque “los derechos de una persona comienzan, no cuando el óvulo se ha fecundado, sino cuando el producto del embarazo es viable, es decir, cuando se le separa de la madre y puede sobrevivir por sí mismo”.

El ex presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación explicó que “los derechos del nonato no pueden estar por encima de los derechos de la mujer que lo concibe”.

La diputada del PAN, Laura Elena Estrada, secretaria de la comisión de Equidad, dijo que éste “es un tema de respeto”, donde “el hombre que embarazó a la mujer no está siendo sancionado y se requiere de una paternidad responsable”.

Por su parte, el diputado del PRI, Silvio Lagos, aseguró que su fracción parlamentaria ha establecido contacto con el Congreso de Veracruz para que retiren la iniciativa de reforma que envió en días pasados a la Cámara de Diputados.

Dafne Cuevas, quien es miembro de la organización Consorcio para el Diálogo Parlamentario y la Equidad, consideró, sin embargo, que es insuficiente el supuesto retiro de dicha iniciativa, pues una vez que ha llegado al Congreso de la Unión, éste tendrá que dictaminarla “y nosotras lo que le pedimos es que la voten en contra y que, desde sus partidos, se evite que más estados aprueben ese tipo de reformas”.

De acuerdo con el Grupo de Información en Reproducción Elegida (GIRE), tanto en Aguascalientes, como en Baja California Sur, el Estado de México, Sinaloa, Tabasco y Tamaulipas están pendientes por aprobarse reformas constitucionales que intentan “proteger la vida desde la concepción”.