MADRID.— El juez Baltasar Garzón, el mismo que procesó al dictador Augusto Pinochet, que desmanteló el aparato político y económico de la organización terrorista vasca ETA, que ha perseguido a los capos más importantes de la droga y a los líderes de las mafias rusa e italiana, y que está investigando las torturas cometidas en la cárcel de Guantánamo (Cuba) durante el gobierno de George W. Bush, podría acabar sentado en el banquillo de los acusados e inhabilitado hasta 20 años.

Las organizaciones ultraderechistas Falange Española de las Jons, Manos Limpias y Libertad e Identidad, le acusan de prevaricación. Es decir, de haber dictado una resolución injusta a sabiendas de que lo era, en la investigación de los crímenes cometidos durante la Guerra Civil (1936-1939) y el Franquismo (1939-1975). Y el juez instructor del Tribunal Supremo, Luciano Varela, hace unos días lo corroboró.

En un auto hecho público, Varela sostiene que el magistrado en realidad no pretendió investigar los “horrendos crímenes del franquismo”, sino que actuó con la finalidad de “eludir la decisión del legislador sobre el régimen localizador y exhumación de las víctimas”.

Es decir, le acusa de declararse competente para investigar las denuncias de las víctimas de Franco, no por ellas, sino para controlar el proceso de las exhumaciones de las fosas comunes en las que reposan los cuerpos de miles de desaparecidos de la Guerra Civil.

Aunque Garzón puede impugnar el auto, sus posibilidades de éxito son muy pocas. Y será la Sala de lo Penal, formada por cuatro jueces (tres conservadores y uno progresista), la que decida si abre o no un juicio contra él.

En el caso de que lo abra, de acuerdo con el artículo 383 de la Ley Orgánica del Poder Judicial (LOPJ), será la comisión permanente del Consejo del Poder Judicial la que decida si le suspende provisionalmente durante el juicio y hasta que recaiga en la causa “sentencia absolutoria o auto de sobreseimiento”.

Uno de varios procesos

No es el único proceso abierto contra el magistrado. Hasta hace unos días pesaban sobre Garzón dos querellas más. Una de ellas, que no fue admitida a trámite, la presentó un abogado del caso “Gürtel”, una trama de corrupción instruida por el propio Garzón y en la que están implicados medio centenar de miembros del opositor Partido Popular (conservador, PP). José Antonio Choclán, abogado de Francisco Correa, cabecilla de la trama, le acusó de prevaricación, al espiar las conversaciones en los locutorios de la cárcel entre el propio Correa y su abogado.

El juez podía haber sido condenado a entre 2 y 6 años de cárcel, pero no fue admitida a trámite. Aun así, el Colegio de Abogados de Madrid anunció ya su intención de querellarse porque, según su decano, Antonio Hernández Gil, la orden de practicar esas escuchas “no se ajusta a nuestro ordenamiento jurídico y principalmente a los valores constitucionales decantados por la jurisprudencia del Tribunal Constitucional”.

A esta nueva querella se une otra ya existente que el Tribunal Supremo sí admitió. En esta ocasión vino de la mano de los letrados José Luis Mazón y Antonio Panea, quienes acusan a Garzón de los delitos de prevaricación, cohecho y estafa, en un caso que data de 2005 y 2006, cuando el juez dirigió unos cursos en la Universidad de Nueva York mientras disfrutaba de un permiso en la Audiencia Nacional de Madrid. Los cursos fueron patrocinados por el Banco de Santander, que aportó 300 mil dólares. Los letrados consideran que el patrocinio de estos cursos podría estar relacionado con la decisión de Garzón de archivar, a su regreso a España, una causa que tenía pendiente contra directivos del Banco de Santander, entre ellos el propio Botín. Y denuncian que Garzón ocultó el salario que cobró en esos cursos y que fue él personalmente quien solicitó al Banco de Santander, cuyo presidente estaba imputado en un caso que llevaba él, que los patrocinara.

Garzón, a través de su abogado Gonzalo Martínez-Fresneda, ha negado haber recibido jamás “ni directa ni indirectamente fondos provenientes del Santander”. Ha reiterado su inocencia y califica las acusaciones de “absurdas y esperpénticas”; asegura también que ha sido tratado peor que un ciudadano cualquiera sólo por el hecho de pertenecer al poder judicial, aunque según él se encuentra tranquilo, a la espera de que llegue el momento de defenderse.

Pero si llega ese momento y el juez se sienta en el banquillo de los acusados, deberá abandonar todos los casos que tiene, incluyendo aquellos que giran en torno a la banda armada ETA, o las investigaciones de los delitos de torturas y malos tratos cometidos en Guantánamo en la administración W. Bush, una querella presentada por varias organizaciones de defensa de los derechos humanos que el mismo Garzón admitió y cuyo juicio, en caso de llevarse a cabo, convertiría a España en el primer país del mundo en iniciar un proceso penal para investigar la torturas cometidas en la controvertida base militar de EU.