En México hay una tendencia creciente a criminalizar a los indígenas y a usar el derecho penal para reprimirlos, alertan organismos nacionales e internacionales de derechos humanos.

Los indígenas sometidos a un proceso penal enfrentan un sistema judicial que tiene “graves deficiencias”, pero que además los detiene, acusa y sentencia con un criterio discriminatorio y racista, coinciden la Organización de Estados Americanos, la Oficina en México del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos y la Comisión Nacional de los Derechos Humanos.

Además de la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas, el Instituto Nacional de las Mujeres, el Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez y el Centro de Derechos Humanos de la Montaña de Guerrero Tlachinollan, que señalan que los procesos que enfrentan están plagados de irregularidades: detención ilegal, fabricación de pruebas y falta de traductores.

La Secretaría de Seguridad Pública federal reportó en noviembre pasado que en las cárceles mexicanas hay 8 mil 403 indígenas. De ellos 7 mil 530 son acusados de delitos del fuero común y 873 del federal, aunque la PGR dice que son más de mil.

Violación, homicidio, lesiones y robo son delitos del fuero común por los que más se acusa a los indígenas. A nivel federal, los más recurrentes son contra la salud: siembra, cultivo, transporte de droga.

Mauricio Camacho, responsable de la Unidad Especializada para la Atención de Asuntos Indígenas de la PGR, explica que Coahuila es la única entidad que no tiene indígenas encarcelados por delitos relacionados con el tráfico de drogas. Reconoce que los retos del sistema judicial son la asistencia de traductores en los procesos —hay 62 lenguas reconocidas y 364 variantes— y la observancia de usos y costumbres.