Nancy no quiere saber nada de México. Se empeña de día y de noche en tratar de olvidar la pesadilla que vivió al cruzar los más de 4 mil kilómetros que separan a Guatemala de Estados Unidos. Los recuerdos y las huellas de dos meses y medio de violaciones, torturas y golpes la persiguen, la atormentan. Esos 75 días de hambre y sed le borraron el brillo de sus ojos y las ilusiones con las que salió de su país los primeros días de agosto del año pasado. Todavía el rostro de su captor se aparece en sus sueños para recordarle que si lo denuncia la va a matar a ella o a alguien de su familia.

Diez días después de que empezó su travesía, Nancy por fin logró subirse de polizón al tren en la parada de Arriaga, Chiapas. De un salto se alcanzó a agarrar de los tubos de uno de los vagones. Respiró profundo varias veces. El miedo y la adrenalina de haberlo logrado la perturbaron por segundos. El grito de otro migrante de origen centroamericano la hizo reaccionar: “¡Agárrate fuerte, no te vayas a caer!”. Se amarró a los fierros con un cinturón. Poco a poco se fue relajando hasta que se quedó dormida. Había pasado como hora y media cuando una sacudida del ferrocarril la despertó y le mostró la peor parte de la aventura.

Cuatro hombres con el rostro cubierto y un arma “imponente” entre las manos la bajaron del tren, la empujaron hasta subirla en la parte trasera de una camioneta Van y la llevaron a una vieja casa donde empezó la pesadilla.

Rafael su hermano relata lo que a Nancy le duele repetir. La secuestraron cuando el tren se detuvo en la comunidad de Las Anonas, un pequeño poblado del municipio de San Pedro Tapanatepec, Oaxaca, lugar que en los últimos tres años se ha convertido en el azote de los caminantes centroamericanos.

En esa zona de la ruta de los migrantes, un grupo de hombres armados que se hacen llamar Los Zetitas, a quienes supuestamente el cártel de Los Zetas les cobra una cuota por operar en la región, asaltan, violan y matan a los indocumentados que viajan amarrados al lomo de los vagones del tren con la esperanza de dejar atrás la pobreza y llegar al norte. Autoridades, maquinistas y hasta algunos lugareños se aprovechan de la vulnerabilidad de los centroamericanos, “les sacan lo poco que traen de su país”, denuncia Alejandro Solalinde, coordinador diocesano de la Pastoral de Movilidad Humana en el sur.

La desdicha de Nancy empezó en la estación Las Anonas de la empresa ferrocarrilera Chiapas-Mayab. “La bajaron del tren junto con otras personas, pero a ella la apartaron inmediatamente del grupo y la subieron a una camioneta”, comenta Rafael, vía telefónica, desde Estados Unidos. De sólo recordar se le quiebra la voz. Le duele saber que su hermana fue obligada, a golpes y bajo amenazas de muerte, a realizar un video pornográfico. “Varios hombres la violaron durante la filmación”.

En una breve conversación dice que los secuestradores le prometieron a ella que la iban a dejar ir después de ese “trabajito”, pero no fue así, “después del primer video, siguió otro y otro”. Días después, no sabe cuántos, se la llevaron a Tijuana, Baja California.

En un burdel de la frontera norte de México, Nancy, con sus escasos 20 años, fue presentada como la “novedad de un table dance”. La obligaron a prostituirse hasta que completara “una cuota”, que los mismos captores le impusieron. Dos meses y medio después de que la bajaron del tren le sacaron a golpes el número de teléfono de sus familiares.

Rafael recibió la llamada y accedió a todo lo que le pidieron. Sin dar detalles, dice que pagó a un pollero, designado por ellos mismos, para que trasladara a su hermana a Estados Unidos, además depositó una fuerte cantidad de dólares como “rescate” para que se la entregaran, no sin antes advertirle que denunciar sería su sentencia de muerte.

Anónimas e invisibles

La historia de Nancy se suma a la de más de 20 mil mujeres centroamericanas que actualmente son prostituidas en burdeles, casas clandestinas y bares del sur-sureste de México, dice la organización Fin de la Prostitución Infantil, la Pornografía y el Tráfico de Niños con Fines Sexuales (Ecpat, por sus siglas en inglés).

El istmo centroamericano es un corredor de trata de personas y los países que lo integran se han convertido en puntos de origen, tránsito y destino de víctimas de este delito, advierte el organismo.

Mujeres y niñas son traídas con engaños a México desde Guatemala, Honduras y El Salvador. Las venden en bares por no más de 40 dólares, son retenidas, en contra de su voluntad, en una situación de esclavitud y obligadas a cubrir sus gastos de alojamiento, alimentación y a consumir drogas, señala el Informe Global de las Acciones en Contra de la Explotación Sexual Comercial de Niños, Niñas y Adolescentes de Ecpat.

Los dueños de muchos de esos bares son políticos locales, banqueros y personas con poder económico que actúan desde la sombra y obtienen importantes ingresos. La alerta es que los tratantes reclutan a mujeres cada vez más jóvenes, casi niñas, detalla el reporte.

El alto costo de “fichar”

Gaby tiene cuatro meses de haber llegado a Tapachula, pero no la conoce. Ha estado encerrada en la parte de atrás del burdel llamado Las Vegas, “me dicen que no me salga porque me agarran los de migración y me echan pa’ Guatemala. ¡Ya no quiero regresar a la pobreza de mi país!”, afirma desconsolada.

La zona de tolerancia de Tapachula, conocida como Las Huacas, es el mundo de Gaby.

Ahí come, duerme, cuida a su hija de año y medio y trabaja de “meretriz”, como ella misma se describe. Sus 16 años la han convertido en la “favorita del lugar”. Dice que los clientes la prefieren porque está joven.

Las luces de neón moradas del lugar iluminan su cara. Está triste y cansada. “No he dormido bien, entre los clientes y la niña se me van las noches sin pegar el ojo”. Reniega de lo que hace. No le gusta que los borrachos toquen su cuerpo, pero “no me queda de otra”, se queja. La amiga que la invitó a trabajar en el antro Las Vegas se fue y no ha regresado por ella para irse juntas a Estados Unidos, como prometió. “A veces me desespero del encierro y pienso que ya se fue pa’l norte y se olvidó de mí”.

La llaman de una mesa y tiene que cortar la conversación. Se sienta junto a dos hombres. Le hace señas al mesero con el dedo meñique de su mano derecha. Es el código de que empieza a fichar. Por cada cerveza que logra que los clientes le inviten, ella se gana 15 pesos, aunque ellos pagan 95. “Ocuparme o bailar con los hombres me deja un poco más, aunque sea para la leche de la niña.”

Por una estrategia del gobierno municipal de Tapachula, Las Huacas se encuentran fuera de la ciudad. Nadie ve ni oye lo que pasa en ese lugar donde decenas de mujeres centroamericanas ejercen la prostitución sin ningún control migratorio. La dueña de uno de los burdeles de la zona dice molesta: “Allá ustedes si denuncian que las muchachas están aquí de ilegales, les van a quitar su único sustento. Las van a condenar a morirse de hambre”.

Los tres elementos que caracterizan a la trata de personas, reclutamiento, control y explotación se presentan en el caso de las trabajadoras sexuales, meseras y ficheras de los tugurios de Tapachula, dice Rodolfo Casillas, profesor e investigador de la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales (Flacso).

La mayoría de las mujeres se enteran que van a laborar como meseras, ficheras o trabajadoras sexuales hasta que ya están en los centros de prostitución, supuestas amigas o enganchadores les mienten asegurándoles que con esa actividad van a poder juntar más rápido el dinero que necesitan para llegar a EU, refiere Casillas en el informe Trata de mujeres, adolescentes, niñas y niños en México. Un estudio exploratorio de la situación de Tapachula, Chiapas.

La ruta del crimen

Las redes de traficantes de mujeres emplean a México como puente o destino para trasladar hacia Estados Unidos y Canadá a adolescentes que son vendidas y explotadas sexualmente, según el Informe Mundial contra la Trata de Personas 2009, de la Oficina de Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (ONUDD).

Este ilícito se ha convertido en “una actividad de la delincuencia organizada transnacional muy lucrativa, asociándose y/o compitiendo con el tráfico de drogas y de armas”, considera el organismo internacional.

“Los flujos migratorios han crecido en magnitud y complejidad. Las autoridades le restaron importancia al fenómeno y la delincuencia se aprovechó de eso para convertirlo en su agenda. Se calcula que las redes criminales obtienen cerca de 50 millones de dólares por año de los ilícitos que cometen contra este grupo vulnerable”, opina Mauricio Farah, quien encabezó hasta septiembre pasado la Quinta Visitaduría de la Comisión Nacional de Derechos Humanos.

Como experto en el tema, Farah explica que las bandas de tratantes suelen ser transnacionales, pues les interesa alejar a las víctimas de sus lugares de origen.

El traslado de las personas sometidas a esta forma de esclavitud permite a los delincuentes la segmentación de sus actividades, desde el reclutamiento hasta el traslado y la explotación, incluso para la reubicación periódica de las víctimas. “Es tan grave lo que está pasando, por la falta de actuación de las autoridades, que es incierto el número de migrantes que están desaparecidos nutriendo las redes de trata.”

La Barra de Abogados de Estados Unidos presentó este año un informe sobre la situación de México, en el que advierte de la presencia de 47 grupos de delincuencia organizada dedicados a la explotación sexual y laboral.

Éstos operan sobre todo en el Distrito Federal y en 17 entidades de la República, como Baja California, Guerrero, Oaxaca, Quintana Roo, Chiapas, Chihuahua, Tlaxcala, Tamaulipas y Jalisco, las cuatro primeras consideradas como de “turismo sexual” por ser lugares con destino de playa, detalla el reporte.

Condenada al recuerdo

Nancy ya no llora, pero pasa muchas horas sin pronunciar palabra. Pagó un costo muy alto para llegar a su destino. Su hermano Rafael piensa que si un día puede ir a Guatemala, lo hará por avión para no volver a tocar tierra mexicana.

Teme que los delincuentes cumplan su palabra y los maten. Nunca van a denunciar, porque dudan que las autoridades hagan algo para acabar con las violaciones, secuestros y asesinatos de mujeres centroamericanas.