Las percepciones sobre corrupción en México aportadas esta semana por Transparencia Internacional hacen que los mexicanos nos ruboricemos. Hemos descendido en la escala mundial a niveles comparables con países africanos tradicionalmente muy corruptos.

Frente a esta realidad, Jacqueline Peschard ofrece una serie de respuestas puntuales para luchar contra este mal endémico que se vive en México.

Asegura que en el tiempo, el acceso a la información y la transparencia terminarán modificando tales percepciones, siempre y cuando no se impongan límites sobre ambos derechos ciudadanos; imposición que hoy acecha desde diversas trincheras del poder público.

Desde su punto de vista, en la cultura gubernamental todavía no termina por asentarse una apreciación positiva con respecto a la transparencia. En la Procuraduría General de la República, por ejemplo, no se ha entendido que la transparencia podría ser un gran aliado del Estado en la lucha contra el narcotráfico y el crimen organizado. De su lado, la Secretaría de la Función Pública se ha quedado a la zaga en relación con los avances que se han tenido en esta materia.

En esta entrevista Peschard habla de la protección a los datos personales, un tema grave que, a diferencia de otras sociedades, a los mexicanos todavía nos despierta poco interés.

¿Por qué si el país ha invertido tantos recursos en materia de transparencia y acceso a la información durante la última década, los mexicanos percibimos que la corrupción sigue aumentando?

No es en automático el que haya una mayor socialización del acceso a la información y que eso se traduzca en una mejor percepción de la gestión pública. El asunto de la corrupción, y particularmente lo que mide Transparencia Internacional, que son las percepciones, es algo que va a tardar mucho tiempo en poderse resolver, porque esas percepciones de corrupción no tienen que ver con los altos niveles en los gobiernos, sino en la corrupción del día a día.

¿Podríamos decir que en materia de transparencia avanzamos en lo federal, mientras que en lo local hay un rezago?

El asunto de la transparencia surge desde lo local, las primeras leyes de transparencia son en Sinaloa y Jalisco, y no es sino hasta después que surge la federal; aunque la federal sí constituye un impulso muy fuerte para que se vayan sumando los otros estados. La reforma constitucional en 2007 es un impulso que vino desde lo local.

¿Qué tan uniforme es en el ámbito local el derecho de acceso a la información pública?

No es uniforme y en buena medida la reforma constitucional de 2007 tuvo que ver con que había disparidad entre las leyes locales de transparencia. Por ejemplo, Chihuahua ha sido ejemplar, hoy el Distrito Federal es ejemplar, Morelos ha sido importante.

Desde luego lo federal tiene un impacto grande porque desde el origen hubo una buena ley, y en el ámbito federal es mucho más fácil el ejercicio de la autonomía que en el ámbito estatal; y la autonomía es fundamental para poder hacer válido el acceso a la información.

¿En Chihuahua, en el DF, en Morelos, la autoridad local se ha mantenido al margen y ha permitido que surja la autonomía de sus órganos de transparencia?

Han logrado que sus órganos locales sean plenamente autónomos.

¿El IFAI no lo es?

El IFAI no es un órgano autónomo. Estoy convencida de que le hace falta un marco mayor de autonomía, sobre todo para que puedan irse asentando sus resoluciones, alcanzando plena obligatoriedad para las dependencias gubernamentales. La autonomía no tendría que ver con que el IFAI fuera órgano garante para el Congreso o para el Poder Judicial ni siquiera que fuera una entidad sancionatoria, tiene que ver con el control de la legalidad por parte del IFAI y, por tanto, con plena aceptación de parte de los órganos vigilados.

Hoy es un órgano descentralizado del gobierno federal y aunque tenemos niveles de autonomía en el ejercicio presupuestal, de autonomía de decisión, lo que le falta es un reconocimiento, una aceptación de a de veras.

¿Con qué dependencias del Ejecutivo ha habido un mejor entendimiento y con cuáles no marcha todavía bien la relación de autoridad que reclama el IFAI?

Tenemos buen nivel de entendimiento dependiendo de quién sea el encargado del área de transparencia. Hemos tenido muy buena relación, por ejemplo, con el Seguro Social, en algún momento, en otros momentos no hemos tenido muy buena relación; hemos tenido buena relación con SEP; hemos tenido muy buena relación con Secretaría del Trabajo.

Sigue dependiendo de personas, no de instituciones…

Por eso, la autonomía para el IFAI es fundamental, es decir, nosotros somos iguales a las dependencias a las que vigilamos, estamos en el mismo plano. Mientras tanto no acaba de asentar la idea de la transparencia; de dar a conocer cómo se ejercen los recursos, cómo se toman las decisiones, todo es una molestia para las dependencias, lo ven como una actividad adicional, que es injusta porque van a dar información para que algún periodista los golpee o para que académicos hagan un artículo.

Hoy se cumplen las resoluciones pero sería muy importante para el IFAI una segunda generación de reformas para la transparencia, es decir, que del nivel actual que hay para el cumplimiento pasemos a un entendimiento claro de que las funciones del IFAI son por y para el beneficio de la gestión pública.

¿Y que sus resoluciones deben ser acatadas?

Son obligatorias, pero hay incomodidad a reconocerlas como obligatorias.

¿Qué relación existe, por ejemplo, con la PGR o la Secretaría de Relaciones Exteriores?

La Secretaría de Relaciones Exteriores, por el tipo de actividad que desempeña, es muy celosa para dar información. Hemos estado trabajando bien los últimos dos, tres años, pero sí hay cierto jaloneo. Tiene que ver más con un enorme celo frente a la responsabilidad de conducir las relaciones diplomáticas con otros países. Las negociaciones multilaterales o bilaterales que exigen cierto nivel de discreción. En el caso de PGR, la transparencia del Ministerio Público ha sido una gran preocupación; de ahí vino la reforma al artículo 16 del Código Federal de Procedimientos Penales.

¿Es grave que no exista transparencia y acceso a la información en la época donde la lucha contra el crimen organizado y la impunidad está siendo tan importante?

Me parece que en un momento en que el Estado mexicano está tan acosado por el crimen organizado y el narcotráfico, efectivamente el asunto de la transparencia puede ser un aliado del gobierno. Ahora, transparencia en ciertas cosas, en lo que tiene que ver con grandes estrategias, no con lo que tiene que ver con operativos específicos, tácticos. Eso es lo que plantean los libros sobre seguridad y transparencia, pero en estas áreas hay una enorme resistencia general.

Un brazo coadyuvante del IFAI es la Secretaría de la Función Pública, ¿ha sabido jugar ese papel de bisagra de la transparencia?

Se ha quedado un tanto a la zaga respecto de los avances que ha habido en materia de transparencia. Cuando el IFAI hace una denuncia ante Función Pública de algún servidor que no ha acatado una resolución del IFAI, Función Pública no hace ni una pequeña investigación y realmente no hay un acompañamiento.

El IFAI, además de proteger los valores de la transparencia y el acceso a la información, es la instancia del Estado protectora de los datos como expedientes médicos, información biométrica de cada individuo y datos crediticios. ¿Qué tanto se ha avanzado en este otro tema?

Las atribuciones que tiene el IFAI en materia de datos personales están inscritas dentro de la Ley de Transparencia, son seis, siete artículos, es decir, es una cosa muy breve, y la verdad es que no se trata de un tema que forme parte de la agenda pública. La sociedad no está preocupada por la protección de sus datos como sí lo está hoy en Europa. Allá tiene que ver sobre todo con el asunto de las redes sociales y de la transferencia de datos personales, que son fundamentales para todo tipo de comercio.

El resto de América Latina se encuentra en un lugar muy semejante al de México; hoy sólo Uruguay tiene una ley de protección de datos que regula a los actores privados, a las empresas, y es una ley promulgada apenas este año. Realmente no ha sido una preocupación ni de gobiernos ni de ciudadanos.

¿Qué tan rezagados vamos —del uno al 10— si nos comparamos, por ejemplo con España o con Estados Unidos?

Con respecto a España estamos como en el 0.5 de 10.

Si no resolvemos el tema de protección de datos personales primero, ¿podemos dar el paso a tener una cédula única de identidad con datos biométricos que eventualmente puedan caer en manos indeseables?

La cédula y la base de datos que alimentará la cédula de identidad es algo frente a lo que el IFAI sí tiene facultades de vigilancia, de garantizar que se cumpla con todos los principios, y de vigilar que la base de datos se use para lo que está definida que va a ser usada.

Aún no nos hemos embonado bien con la Secretaría de Gobernación ni con el Registro Nacional de Población. Hay buena voluntad de parte estas instancias pero no acabamos de amarrar un buen convenio de trabajo.

El IFAI ha estado presionando para que se haga el estudio de impacto a la privacidad, y bueno, ya se aceptó finalmente que se realice. Por cierto que en México no hay quién lo realice. Vamos a tener que encargarlo a España.

¿Cuánto tiempo pasará para que los mexicanos podamos contar con una cédula de identidad?

Creo que esto puede ser en unos cuatro o cinco años.

¿Se ven riesgos reales de reversión con respecto a las instituciones y la cultura del acceso a la información y de la transparencia?

Yo creo que reversión no es posible pero si hay tentaciones, poner límites.

¿Y hay una ciudadanía dispuesta a frenar los intentos de regresión?

Lo que nos dicen las encuestas es que hay un buen número de ciudadanos que saben lo que es el IFAI, pero creo que todavía nos falta mucho para que podamos decir que la ciudadanía ayudaría oponiendo una barrera de contención frente a cualquier tentación regresiva.