El ministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación José Ramón Cossío Díaz desechó la demanda que presentó la Asamblea Legislativa del Distrito Federal (ALDF) en contra del decreto del presidente Felipe Calderón mediante el cual se extinguió a la compañía de Luz y Fuerza del Centro (LyFC).

Cossío determinó que el juicio de controversia constitucional que promovieron los asambleístas el viernes era notoriamente improcedente, porque el decreto del Presidente no afecta en nada las atribuciones o la esfera de competencia de las autoridades del Distrito Federal.

Se trata de una decisión, precisó el ministro, que sólo incumbe al titular del Ejecutivo federal y al Congreso de la Unión, con lo que dejó abierta posibilidad de que sí proceda una demanda si la promueve la Cámara de Diputados o la de Senadores.

La decisión del ministro podría ser impugnada por la Asamblea Legislativa a través de un recurso de reclamación, pero por el tiempo que normalmente suele tardar este tipo de procesos, si los diputados locales impugnan el acuerdo su recurso será revisado hasta el próximo año.

En la Corte sólo queda pendiente la solicitud del líder del SME, Martín Esparza, para investigar violaciones graves a las garantías de los trabajadores.

De antemano se prevé que dicha solicitud sea desechada si ninguno de los ministros decide hacerla suya, porque este tipo de peticiones sólo las pueden hacer el Presidente, los gobernadores, el jefe de Gobierno y las Cámaras del Congreso de la Unión.

Los argumentos del ministro

Por acuerdo del órgano legislativo local, el presidente de la Mesa Directiva de la ALDF promovió, el 6 de octubre, un juicio de controversia constitucional en contra del Presidente y de otras autoridades de su gabinete, en el que pidió a la Corte que anulara el decreto de extinción de LyFC.

También impugnó el “desalojo, ocupación y permanencia ilegal” de fuerzas federales en instalaciones de LyFC, en Hidalgo, Morelos, México, Puebla y DF.

Después de revisar la petición, el ministro acordó desechar la demanda por considerar que era notoriamente improcedente, debido a que la Asamblea Legislativa del Distrito Federal carece de interés legítimo para impugnar la decisión presidencial.

El decreto impugnado, precisó el ministro Cossío, “no es susceptible de afectar en modo alguno la esfera de competencia y atribuciones que la Constitución Federal otorga al DF, en virtud de que se refiere a una facultad de la Federación en la que solamente tienen intervención el Poder Ejecutivo Federal y el Congreso de la Unión; por ende, jurídicamente es inadmisible que el DF o su Asamblea Legislativa puedan asumir la defensa de un organismo descentralizado de la Administración Pública Federal”.