Por lo menos una veintena de acusaciones contra ocho secretarios de Estado presentadas ante la Secretaría de la Función Pública (SFP) en esta administración, acabaron en el archivo sin más justificación que la falta de elementos para fincar responsabilidades por presuntas irregularidades.

Incluso, las indagatorias en torno al ex secretario de Gobernación, Juan Camilo Mouriño —quien murió en un accidente aéreo en noviembre de 2008—, fueron archivadas y el caso cerrado, pese a que existía evidencia de presuntas anomalías en la asignación de contratos de Pemex a una empresa familiar de transportes, cuando éste se desempeñaba en la Secretaría de Energía en el gobierno de Fox.

Sólo en el caso del secretario de la Reforma Agraria, Abelardo Escobar Prieto, había nueve expedientes por presuntas irregularidades, pero fueron desechados; mientras que a la ex titular de Educación Pública, Josefina Vázquez Mota, ahora coordinadora del PAN en la Cámara de Diputados, se le abrieron cinco investigaciones sin que ninguna tuviera consecuencias.

En ninguno de los casos anteriores, la SFP dio ni los detalles de las faltas ni la argumentación por las que concluyó que no había elementos suficientes para determinar culpabilidad contra los funcionarios federales.

Igual sucedió con el secretario de Turismo, Rodolfo Elizondo, quien libró dos acusaciones por opinar, entre otros, sobre la venta de Aeroméxico, y el supuesto beneficio que esto traería a su rival, Mexicana de Aviación.

De acuerdo con una solicitud de información con base en la Ley de Transparencia, la SFP informó que en el primer trienio del gobierno de Calderón abrió expedientes contra secretarios del Medio Ambiente, Trabajo, Reforma Agraria, Educación Pública, Turismo, Seguridad Pública y Comunicaciones y Transportes.

Obstaculizan transparencia

Aunque se solicitó claramente informara los motivos y las consecuencias de las acusaciones, la SFP entregó la información incompleta y remitió a una nueva solicitud de información.

“Pido los nombres del o los secretarios o secretarías de Estado del gabinete del presidente Felipe Calderón que hayan sido o estén aún bajo investigación por parte de la SFP y el motivo del que se derivó la investigación. Cuál es el estado de cada investigación y de las concluidas pido su resultado”, fue la petición del 13 de julio con folio 0002700130809.

La SFP respondió el 23 de septiembre —incluso en agosto pidió 20 días extras para contestar— y en los casos destinados a archivo resolvió no dar los motivos en la petición 0002700130809, sino que remitió a cada dependencia para que, mediante pago de los expedientes, se pueda saber los motivos que originaron las investigaciones y por qué resultaron absueltos.

“La información anteriormente señalada está a disposición del peticionario del folio que nos ocupa constante (sic) de un total de 1,708 fojas en copia simple, previo pago del costo de su reproducción (50 centavos por cada hoja)”.

El desglose de algunos casos

El titular de la Secretaría del Medio Ambiente, Juan Rafael Elvira, tiene abierto el expediente DE-154/2009, pero por estar en curso no ofrecieron detalles.

En el caso de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT), el anterior titular, Luis Téllez Kuenzler, dejó abiertos varios, apenas unos días antes de su salida tras el escándalo de las grabaciones telefónicas en las que decía, entre otras cosas, que extrañaba al PRI. Todos los expedientes de Téllez son clasificados como reservados y sin precisar motivo de la investigación.

En el caso de Javier Lozano, secretario del Trabajo, fue acusado de impulsar una “campaña de sabotaje” contra el gobierno del DF y el PRD, en 2007, pero sus expedientes se turnaron a archivo por falta de elementos.

La SFP fue escueta en torno a Genaro García Luna, titular de Seguridad Pública, pues no proporcionó el número de expediente y sólo informó que hay una investigación abierta, pero reservada por ese motivo.

A la ex titular de la SEP le abrieron cinco, pero fueron concluidos por falta de elementos.

El régimen de excepción de las secretarías de Marina y de la Defensa las excluye de ser revisadas por la Función Pública.

La SFP explicó que la Ley Orgánica del Ejército y Fuerza Aérea prevé que el Presidente, como comandante supremo, nombra a los inspectores y contralores de la Sedena y la Marina.